Corrupción en parqueaderos judiciales: decretan nulidad en caso contra dos exmiembros de Judicatura
Además, el juzgado decretó la nulidad parcial de la acusación presentada contra del exdirector seccional del Consejo Superior de la Judicatura, Carlos Alberto Masmela González.
Justicia Foto: Getty Images(Thot)
Un juez de Bogotá tumbó la imputación que presentó la Fiscalía en el marco del proceso que se adelanta por las irregularidades que se presentaron en el uso de parqueaderos que servían como bodegas judiciales.
Para el juez, la Fiscalía no logró demostrar el papel de Pedro Julio Gómez, director de Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y Salomón Motta, funcionario de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Por su parte, el juzgado decretó la nulidad parcial de la acusación presentada contra del exdirector seccional del Consejo Superior de la Judicatura, Carlos Alberto Masmela González.
En el caso de Masmela el juez tumbó la imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y prevaricato por omisión por lo que sólo quedó en firme el delito de falsedad ideológica en documento público.
Hay que recordar que en este proceso también fue capturado Pedro Julio Gómez Rodríguez, jefe de asistencia legal del consejo seccional de la judicatura de Bogotá.
El juzgado revocó la medida que pesaba sobre algunos de los procesados. En un principio tuvieron la privativa de la libertad intramural, luego esta fue revocada y se les sustituyó con brazalete electrónico y obligación de comparecer cada determinado tiempo ante el Juez. Ahora no tienen ninguna medida.
La revocatoria de la medida favoreció en concreto a Gómez y a Motta.
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La Fiscalía General de la Nación investiga una presunta red de corrupción que existe en los “parqueaderos” o depósitos de bienes a los que van a parar los vehículos que son embargados por jueces.
La W registró hace dos años que la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial en Bogotá, a cargo de Masmela, había pedido que se investigue si existe una presunta red de corrupción entre policías, funcionarios judiciales y parqueaderos, pues según denuncias ciudadanas, habría una especie de negocio para cobrarles de más a los propietarios con carros embargados. También se han manifestado irregularidades como que los usuarios pagan y los carros no aparecen o no se los entregan, además de denuncias de una comisión que cobrarían agentes para conducir carros a determinados parqueaderos.
El ente investigador indica que Más me la hacía parte de una compleja red que embargaba y vendía los bienes embargados por los jueces de la República, principalmente automóviles, los cuales eran trasladados a los seis parqueaderos que existen en Bogotá para estos fines.
En el documento se manifiesta que se ordenaba el embargo irregular de vehículos con órdenes judiciales. Cuando se realizaba todo el procedimiento, los dueños eran obligados a pagar una millonaria suma de dinero con el fin de regresarles los autos.
En otros casos –señala la Fiscalía General- los carros eran embargados por la policía, pero no se realizaba ningún registro del mismo. Cuando los propietarios iban a reclamarlos los vehículos no aparecían en ninguno de los parqueaderos.
