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Defensora de derechos humanos denuncia que la UNP no le responde la solicitud de protección

La solicitud de protección se hace debido a que ha recibido amenazas por el cumplimiento de su labor.

Defensora de derechos humanos denuncia que UNP no le responde la solicitud de protección. Foto: Colprensa

Defensora de derechos humanos denuncia que UNP no le responde la solicitud de protección. Foto: Colprensa / Raúl Palacios

Magdalena

La candidata al Senado de la República y Defensora de los Derechos Humanos, Norma Vera Salazar, afirma que su vida y la de los demás líderes cívicos de la ciudad y el departamento del Magdalena están en peligro.

“Mi vida y la de los Defensores de Derechos Humanos está en peligro en el territorio y la Unidad Nacional de Protección (UNP) aún no notifica la decisión sobre la medida de protección que solicité desde el 5 de octubre de 2021″, le aseguró Vera Salazar a La W.

La solicitud de protección se hizo dado que ha recibido amenazas por el cumplimiento de su labor, especialmente la que ha hecho a favor de las niñas, niños y mujeres víctimas del conflicto armado.

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De otra parte, se refirió a la situación que se viene presentando con otros líderes y defensores de derechos humanos que han sido amenazados en el departamento en los últimos días. Según Indepaz, durante el 2021 en el Magdalena se cometieron 4 asesinatos a líderes sociales, 3 se perpetraron en Santa Marta y 1 en Ciénaga. Asimismo, existen más de 20 casos de amenazas contra Defensores de Derechos Humanos.

“A Cristina Cantillo la mataron en su casa en Santa Marta y a Yasmeri Marañón le hicieron un atentado en Barranquilla el 7 de diciembre de 2021. Los activistas Jennifer del Toro, Lerber Dimas y Lino Pereira se marcharon del territorio el pasado 13 de diciembre ante un posible plan para asesinarlos. Otro caso se conoció el 24 de diciembre cuando a la líder comunal Sonia Gómez, le dieron un plazo de 48 horas para que abandonara Santa Marta”, puntualizó Norma Vera.

Ante esta situación, hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección de Colombia y a la Fiscalía General de la Nación para que tomen las acciones pertinentes.

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