Presidentes del Congreso rechazan fallo de la Corte IDH en el caso Petro
En la próxima legislatura el Congreso pedirá explicaciones a la procuradora Margarita Cabello sobre la aplicación del fallo de la Corte de la CIDH.
Gustavo Petro Urrego vs. Colombia (Colprensa - Sergio Acero) / Sergio Acero
A través de una carta de tres páginas, los presidentes del Congreso Juan Diego Gómez y Jennifer Arias le respondieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos liderada por Elizabeth Odio Benito sobre la decisión y la postura frente cumplimiento de la sentencia del caso Petro Urrego Vs Colombia que generó una controversia en el país, luego que la Procuraduría sustentará en la misma la adición de 1.200 cargos en la entidad.
En la carta se puede leer como el Congreso no está de acuerdo con el fallo de la Corte IDH y aseguran que, " el Congreso de la República de Colombia difiere respetuosamente de esa posición. El objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos sí se satisface con la expedición de la Ley 2094 de 2021, la cual es garante del debido proceso en todas sus etapas, más allá de cuál sea el funcionario a cargo.
El pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”.
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Así mismo aseguraron que, “previamente se le había comunicado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en la actualidad, está en curso un proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 2094 de 2021 en la Corte Constitucional de Colombia, en el que el máximo órgano de la jurisdicción constitucional del Estado emitirá un pronunciamiento sobre la correspondencia de la norma con la Carta Política y, así mismo, con la Convención Americana de Derechos Humanos”.
En ese mismo orden de ideas, aseguran que se apartan del contenido de la Resolución del 25 de noviembre de 2021, por medio de la cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia del caso Petro Urrego Vs Colombia, ya que “el Estado ha solicitado insistentemente que, en virtud de los principios de subsidiariedad y complementariedad, valore tal circunstancia antes de emitir un pronunciamiento, de manera tal que nuestro tribunal constitucional pueda realizar los controles respectivos a laluz de los derechos humanos y sin interferencia de opiniones o posturas preliminares”.
