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Tribunal de Cartagena revoca absolución y condena a concejal y exconcejal

La decisión es contra el concejal César Pión y el exconcejal Américo Mendoza. Ambos deberán pagar casa por cárcel y quedan inhabilitados por 80 meses para ejercer cargos públicos.

César Pión Gonzáles, Concejal de la U. Colprensa

La Sala Penal del Tribunal Superior Cartagena ordenó la captura del concejal de La U César Pión Gonzáles y el exconcejal de ASI Américo Mendoza Quessep, a quienes condenó a una pena de 48 meses de prisión como coautores responsables del delito de prevaricato por acción.

La decisión se da al revocar la sentencia mediante la cual Pión y Mendoza habían sido absueltos el 21 de abril de 2021.

En su sentencia, la Sala Penal ordena una multa equivalente a 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilita a ambos por 80 meses para el ejercicio de funciones públicas.

“Multa equivalente a sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá ser cancelada a favor del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los seis (6) meses siguientes al proferimiento de esta sentencia, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término ochenta (80) meses, como coautores responsables de la conducta punible de prevaricato por acción, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia”, se lee en la sentencia.

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Pión y Mendoza son procesados por la firma de 35 órdenes de pago a concejales y exconcejales la cuales hicieron en 2012 en su calidad de presidente y vicepresidente de esta corporación sin los requisitos legales.

“Suscribieron treinta y cinco resoluciones mediante las cuales reconocieron y ordenaron pagar a Concejales y ex Concejales de este Distrito una suma de dinero en cuantía de $7.200 millones de pesos, en porcentajes proporcionales al derecho que supuestamente ostentaban cada uno de los cabildantes, por concepto del reajuste a los honorarios por su participación en las sesiones del Concejo Distrital de Cartagena en el periodo corrido de 2001-2009. Las anteriores resoluciones no contaron con el certificado de disponibilidad presupuestal que legitimara esa apropiación, en contravención a los dispuesto en el artículo 71 del decreto 111 de 1996″, detalla la sentencia.

Los condenados deberán pagar la pena en sus lugares de residencia y podrán presentar, contra esta decisión, un recurso de casación.

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