Recursos para reparar a las víctimas serían insuficientes advierte la Contraloría
Según el ente de control fiscal, se necesitan $65 billones para atender a 6,2 millones de víctimas en los próximos 10 años.
Recursos para reparar a las víctimas serían insuficientes advierte la Contraloría. Foto: Colprensa - referencia.
Desde la ciudad de Montería, el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, entregó este 24 de febrero un preocupante panorama de los recursos que se han destinado para reparar a las víctimas del conflicto armado en el país.
Por lo anterior, el ente de control alertó sobre la necesidad de que se haga un mayor esfuerzo fiscal para reparar a esta población, pues sería insuficiente la destinación de recursos en el documento del Conpes 4120.
Según los análisis realizados por la Contraloría, el Conpes 4120 para la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas cuenta con una destinación de $142.1 billones, los cuales “resultan insuficientes y no son acordes al universo de población víctima pendiente de atención”.
“Las víctimas que han accedido a una medida de reparación no superan el 13% y según nuestros cálculos se requieren a junio de 2031 más de $328,3 billones para ejecutar 19 medidas contempladas en la ley. Esto significa que se requiere un mayor esfuerzo fiscal en adelante a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente”, advirtió el Contralor Delegado para el Posconflicto.
En un informe detallado de la misma Contraloría, se precisa que entre esas medidas referenciadas se encuentran las siguientes:
*Indemnización: la meta a 10 años y la asignación de $11,5 billones, no se compadece con el universo de víctimas pendientes de atención. Se necesitan $65 billones para atender a 6,2 millones de víctimas en los próximos 10 años.
*Vivienda: $51 billones para 1 millón de hogares.
*Alimentación: $27 billones para 1,2 millones de personas.
*Retornos y reubicaciones: $15 billones para 1,4 millones de hogares.*
En ese sentido, resalta el ente de control fiscal que “no se les ha cumplido con vivienda y generación de ingresos”.
“En el primer tema, la Contraloría es tajante: aproximadamente a 3 millones de víctimas no se les ha cumplido con el acceso a todos los componentes que representan una vivienda adecuada”, precisa la Contraloría.
Por otra parte, desde el ente de control fiscal se estableció que el Gobierno Nacional en su informe anual 2021, no presentaría resultados frente a los indicadores propuestos para la medición del derecho a la generación de ingresos. “Hay 1,2 millones de víctimas pendientes de esta medida”.
Entre las preocupaciones, desde la Contraloría se menciona al programa de Restitución de Tierras, del cual sostiene no ha tenido mayores avances, según las cifras reveladas con los siguientes datos:
*De más de 135 mil solicitudes, se han restituido con sentencia algo más de 12 mil.
*De esa cantidad de solicitudes presentadas, un 24% (32.793) se encuentran en departamentos de la Costa Caribe, siendo Bolívar y Cesar los que mayor número de solicitudes tienen (cada uno con el 6%). Les siguen Magdalena (5%) y Córdoba (3%).
*De las más de seis millones de hectáreas proyectadas para restituir, solo se tienen órdenes judiciales de restitución sobre 169.224 hectáreas.
*No se cuenta con una cifra exacta de hectáreas efectivamente restituidas a las víctimas.
*Y solo el 45% de las solicitudes con demanda, cuentan con sentencia judicial.
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-Frente a lo expuesto, se anunció una nueva Actuación Especial de Fiscalización a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)ante alertas de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), de la Contraloría General de la República.
“Una alerta que se dio en 2021 es que hay 75 personas fallecidas indemnizadas en una cuantía de $647,3 millones. Por este motivo, la Contraloría realizará una nueva Actuación Especial de Fiscalización a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en donde se revisarán varios aspectos”, destaca el ente de control.
Entre esos aspectos se resaltan los siguientes:
*1.093 casos correspondientes a giros de indemnizaciones que carecen de información clave para su seguimiento, como las fechas de pago o reintegro.
*263 giros a beneficiarios del programa de Atención y Ayuda Humanitaria que se encuentran fallecidos a la fecha según la Registraduría, los cuales no cuentan fechas de cobro o reintegro en las bases de datos.
*Y 137 giros del programa de Atención y Ayuda Humanitaria realizados por la UARIV a entidad bancaria, dirigidos a beneficiarios que se encontraban fallecidos.
Finalmente, el ente de control también le puso la lupa al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), del cual dijo “faltan recursos para la implementación”.
Este concepto, coincide con los recientes reclamos que han venido realizando campesinos del sur de Córdoba, los cuales realizaron un paro para exigir el cumplimiento de esta política de Estado, principalmente, en el municipio de Tierralta.
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“De $3,5 billones, aún hay pendiente por ejecutar cerca de $1,2 billones, lo que retrasa la ruta de intervención. En la Región Caribe se atienden con este programa a 8.013 familias, de las cuales 6.397 están focalizadas en el departamento de Córdoba”, anotó el fiscal delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón.
“Asimismo, en la región Caribe se han sustituido 4.672 hectáreas, de las cuales 2.593 corresponden a Córdoba”, agregó el funcionario.
