Economía

SIC abre investigación contra Profin, la app que presta dinero sin papeleo y en poco tiempo

La entidad indagará a Nanocred Colombia SAS, dueña de esta app, por presuntas violaciones de los derechos y el régimen de datos personales.

Préstamo de dinero. Imagen de referencia: GettyImages.

Préstamo de dinero. Imagen de referencia: GettyImages. / FcoJavierZeaLara

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra la empresa dueña de Profin, una aplicación móvil que da préstamos sin papeleo y rápido. Una especie de ‘gota a gota’ virtual.

La indagan por varios motivos: Uno es que estaría realizando el cobro de intereses a los consumidores por encima del límite legalmente permitido; también por información engañosa, pues decía que el cargo por el uso de la plataforma es “opcional”, cuando aparentemente, el cobro se realiza de manera automática por el sistema.

Además, mencionaban que estaba vigilada por la Superindustria cuando eso no es verdad, y tampoco suministró al consumidor “la información que debe constar por escrito relacionada con el lugar de la suscripción del contrato, el domicilio de la sociedad y la tasa de interés máxima legal vigente al momento de la celebración del contrato”.

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“La Delegatura de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, abrió investigación a la empresa Nanocred Colombia S.A.S, propietaria de la aplicación “Profin”, al evidenciar que presuntamente mediante dicha aplicación se recolectan datos personales y de carácter sensible durante la solicitud de créditos digitales, sin contar presuntamente, con la autorización previa, expresa e informada y sin que los titulares de los datos otorguen la autorización previa y expresa. Así mismo, se evidenció que presuntamente no se les informen las finalidades específicas para las cuales se recolectan sus datos”, aseguró la entidad.

Y ante todas las quejas, no tenían un mecanismo de atención de estas.

De confirmarse la vulneración por parte de esta compañía, de lo señalado en los cargos imputados, les podrían imponer multas hasta por 2.000 millones de pesos por cada violación.

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