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Presuntos hallazgos fiscales y prórrogas en una de las grandes apuestas de Barranquilla y su área metropolitana

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) prorrogó un contrato de 25 mil millones de pesos, sobre el que la Contraloría había alertado hallazgos en el pasado.

Hubo filtración de informes de Policía Judicial, aseguro la Fiscalía. Crédito: Colprensa.

Hallazgos fiscales y prórrogas en una de las grandes apuestas de Barranquilla Crédito: Colprensa.

Después de que en el 2021 se hiciera pública la actuación especial de fiscalización con la que la Contraloría General de la República alertó sobre los hallazgos encontrados en el convenio interadministrativo celebrado entre el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y el Fondo Único de las Tecnologías y las Comunicaciones (FUTIC), del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), se conoció que el contrato fue prorrogado.

El convenido interadministrativo 1014 de 2020 fue consolidado con el objetivo de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover, coordinar y ejecutar las actividades tendientes a fortalecer el desarrollo e implementación de la iniciativa de ciudad y territorio inteligente en el Áera Metropolitana de Barranquilla, a través de acciones que promuevan el uso y apropiación de nuevas tecnologías para la Transformación Digital del territorio.”

Sobre este, de acuerdo con lo señalado desde el ente de control en el informe del equipo auditor, se establecieron 2 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria que fueron trasladados a las instancias competentes.

En el documento también se resaltó que estos no comprometían al Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debido a que la entidad actuó conforme al convenio.

Por su parte, los hallazgos se comunicaron al Área Metropolitana de Barranquilla, debido a que se derivan de las actuaciones de la entidad.

Entre los resultados de la auditoría se encontró que, pese al avance financiero que se consolidó hasta el año 2021, se evidenciaron debilidades en la eficiencia del gasto público por una presunta “intermediación innecesaria”, entre INFOTIC S.A. y el AMB, luego de que el primero estuviera delegando la actividad principal del contrato a una empresa privada, lo que generaría sobrecostos.

Esa actuación habría generado un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $6.836,5 millones de pesos.

Además, entre la Auditoria Financiera realizada al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, “se identificó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $2.477,7 millones por pérdida recurrente de los recursos públicos en relación con cartera prescrita”.

De la misma manera, señalaron que el proceso de selección en el que resultó escogida INFOTIC S.A. habría incurrido en una presunta indebida aplicación del principio de selección objetiva.

El convenio se realizó con el fin de implementar soluciones tecnológicas de “Recaudo, Control, Información al Usuario y Comunicaciones (RCC) para el Servicio de Transporte Público Colectivo y desarrollo de aplicaciones que permitan la integración con equipos a bordo existentes e interoperabilidad con el Sistema Integrador de Información de Transporte Público (SIITP) para la gestión de la movilidad inteligente en el Área Metropolitana de Barranquilla, por un monto de $25.000 millones”.

Del total del dinero, el FUTIC entregaría $15.000 millones, mientras que el Área Metropolitana de Barranquilla aportó $10.000 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con las denuncias realizadas por el Gerente de la empresa Transportes Metropolitanos del Caribe, Transmecar S.A.S., José David García, se hizo uso de un fondo perteneciente a las empresas del gremio por el mismo valor ($10 mil millones de pesos) sin que este fuera autorizado por los transportadores.

Para julio de 2020, según el AMB, el monto total de los aportes consignados por parte de las empresas de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros legalmente habilitadas, por concepto de Factor de Calidad desde la expedición del Acuerdo Metropolitano No. 013 de 2018 y la Resolución Metropolitana No. 909 de 2018 que lo reglamenta, era de $10.243.166.534.00.

Según las declaraciones del vocero del grupo de empresas de transporte, el Área Metropolitana de Barranquilla entregó como propios los recursos de las entidades.

Pese a que el contrato tenía inicialmente una fecha de terminación del 15 de diciembre del 2021, se realizó una prórroga hasta el 30 de junio de 2022, por hechos que impactaron el cronograma durante el desarrollo del proyecto dentro de las actividades convenidas y que fueron registradas en los informes de supervisión en el marco del convenio interadministrativo.

La decisión se tomó pese a la alerta existente por parte de la Contraloría sobre la presunta incidencia fiscal.

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Operador del transporte público colectivo

A través de la Resolución Metropolitana No. 115-22, emitida el 11 de mayo del 2022, el Área Metropolitana de Barranquilla modificó las 6 resoluciones anteriores (No. 197-21 del 4 de octubre de 2021, No. 258-21 del 30 de noviembre de 2021, No. 012 del 7 de enero de 2022, No. 056-22 del 2 de marzo del 2022, No. 063-22 del 18 de marzo de 2022 y No. 103 del 26 de abril del 2022) con las que, en el ejercicio de sus facultades legales, la dirección de la AMB ordenó el cambio del cronograma para la contratación del Operador Tecnológico que garantizaría el cumplimiento del convenio.

Según el documento, el cambio de fechas en esta ocasión se debió a que “las empresas habilitadas como las empresas de transporte público colectivo han manifestado que requieren de un plazo adicional para la presentación de la oferta, toda vez que es necesario definir condiciones técnicas, financieras y operativas para la presentación de una correcta propuesta y es de suma importancia para las empresas de TPC verificar la información suministrada por las empresas habilitadas”.

Sin embargo, estas han mencionado que se encuentran inconformes con la fecha fijada, debido a que subsisten peticiones de aclaración que aún no han sido resueltas y que son necesarias para el proyecto.

Entre las inquietudes que resalta el sector, se encuentran consideraciones técnicas y jurídicas, la especificación y costo de los equipos que se utilizarán y la no socialización de varios puntos de la implementación del RCC, tal y como señala la prórroga al asegurar que se realizaron mesas de trabajo con las empresas.

“La expedición del acto administrativo estuvo precedida de mesas de trabajo entre trasportadores y entes gubernamentales donde se socializó y sensibilizó la importancia de la implementación del proyecto para la modernización del sector, generando una mayor calidad en la prestación del servicio al usuario y la eficiencia de la autoridad en sus actividades de inspección, vigilancia y control, pero especialmente se definió e incluyó dentro del mismo acto, los roles de cada actor y su responsabilidad frente a la operación y mantenimiento de la solución RCC una vez se ponga en operación y funcionamiento”, se lee en el documento.

Finalmente, después de una reunión el pasado viernes 13 de mayo de 2022, entre el AMB, el Ministerio de Transporte y MinTic, se dio a conocer que, durante el proceso, no se realizó estudio técnico ni estructuración financiera, por lo que, pese a la nueva prórroga que dejó para el 24 de junio la escogencia del nuevo operador, aún hay inquietudes sobre las consideraciones técnicas y jurídicas que no han sido resueltas.

En respuesta, el Área Metropolitana de Barranquilla, AMB, señaló que todas las modificaciones contractuales estuvieron previstas en el estatuto vigente con el fin de ejecutar correctamente el objetivo del proyecto.

“El acto contractual por el cual se modificó el convenio No. 1014 de 2020, fue en el sentido de ampliar el tiempo sin incrementar el valor del convenio, la razón principal para esta modificación fue: la problemática mundial de disponibilidad de repuestos (chips), los picos de pandemia presentados en el 2021 y la necesidad de realizar nuevas socializaciones del proyecto, como consecuencia de resistencia por parte de algunas empresas transportadoras”, afirmó a través de un documento el AMB.

Sobre la selección objetiva, la entidad aseguró que la modalidad de contratación directa se puede implementar siempre y cuando las obligaciones de la negociación tengan relación con el objeto de la entidad ejecutora, tal y como señala lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del decreto 1082 de 2015.

En cuanto al punto de la eficiencia del gasto, desde el AMB apuntaron a que el contratista (Infotic), “asume el rol de gerencia de integración de la solución, cumpliendo con actividades que desarrolla con apoyo de diferentes terceros que actúan como proveedores de bienes, servicios, equipos e insumos”.

De la misma manera, la entidad ejecuta actividades propias como la gerencia de integración del proyecto en actuaciones con el acompañamiento de los actores de tecnología que debe integrarse en el proceso.

Por su parte, en lo relacionado con el operador tecnológico, se respondió que los involucrados (Área Metropolitana de Barranquilla, en su rol de autoridad de transporte público del territorio, en conjunto con la Terminal Metropolitana De Transportes De Barranquilla y los operadores de transporte del TPC OPECARIBE Y OPERADOR UNO), acordaron acciones y condiciones para el desarrollo del proyecto, a través de la Resolución Metropolitana No. 197 de 2021.

Entre estos, se encontraban los roles de las empresas transportadoras como: participar en la definición de las calidades, especificaciones técnicas y niveles de servicio requeridos al operador tecnológico y la contratación del Operador Tecnológico para garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio para la operación del Sistema RCC, siguiendo las condiciones mínimas establecidas para la escogencia.

En este sentido, según las declaraciones de la AMB, su rol es el de apoyar a las empresas transportadoras en la verificación de los requisitos mínimos de los posibles operadores, pero serán las primeras las que lo seleccionen antes del 24 de junio de 2022.

Sobre las quejas que tienen que ver con los estudios técnicos, afirmaron que la estructuración del proyecto estuvo prevista desde el Plan de Desarrollo Metropolitano 2009 – 2019, marcando “los lineamientos de ciudad, modernización y organización del transporte público (Caja única, ayudas tecnológicas, cámaras de seguridad y recaudo unificado)”.

Finalmente, en cuánto a los recursos del proyecto, aseveraron que el monto del factor de calidad recaudado por los transportadores no hacen parte de su patrimonio, ni requieren de su autorización para ser utilizados por el AMB.

“El recurso aportado al convenio proviene de una figura autorizada por la Ley denominada factor de calidad, incluida en la tarifa que paga el usuario. Este fue recaudado hasta el mes de marzo de 2020 por las empresas de transporte, y debió ser transferido al AMB, con destinación especifica al proyecto de recaudo, tal como lo establece la resolución Metropolitana No. 909 de 2018″, afirmó la autoridad.

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