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La versión de los sindicalistas en Bucaramanga sobre acusación a Rodolfo Hernández

Los defensores de los sindicalistas aseguraron que el ingeniero Rodolfo Hernández cambió las condiciones laborales de 27 trabajadores, disminuyendo sus salarios.

Rodolfo Hernández/ Twitter

Rodolfo Hernández/ Twitter

El candidato presidencial, Rodolfo Hernández, fue acusado por el delito de violación a la libertad de asociación por denuncias de sindicalistas en Bucaramanga.

Los dos sindicatos de trabajadores oficiales que hay en la capital de Santander, Sintra Obras y Sintra Municipios indicaron a La W que cuando el ingeniero fue alcalde tenían el derecho a tener una convención colectiva de trabajo.

Es decir, que ya con una experiencia y labor de 15 a 30 años, uno de los beneficios era el permiso sindical que permitía apoyar huelgas, tener becas de estudio, recibir primas adicionales a la ley, derecho a capacitarse, entre otras cosas.

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No obstante, el 2 de mayo del 2016, Hernández citó a 27 trabajadores sindicalistas para entregarles unos actos administrativos, en los que, al parecer, los declaraba insubsistentes cambiando las condiciones laborales y modificando el tipo de vinculación laboral.

Según, María Victoria Jaimes, abogada de equipo Jurídico Pueblos, este cambio generó una disminución, de casi a la mitad, en el salario de los empleados.

“Los trabajadores del sindicato se vinculan mediante el contrato del trabajo y se ocupan del cumplimiento de las obras públicas de la ciudad, son diferentes a empleados públicos que tienen una carrera y que trabajan en la Alcaldía. Ellos se regulaban con unos beneficios muy altos, como el permiso sindical para capacitaciones, apoyar huelga, también había becas de estudio, primas adicionales, y rubros para capacitarse”, señaló.

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Además, añadió: “Rodolfo Hernández citó a 27 sindicalistas y les dijo que entraban a una planta de empleados públicos transitoria teniendo en cuenta que su contrato era a término indefinido. Al hacer ese cambio perdían todos los beneficios no solo el permiso sindical. Además, aquellos que tenían un sueldo alto les quedó por la mitad de lo que ganaban”.

Los sindicalistas denunciaron esta situación en la oficina del trabajo, sustentando que 13 de los 27 trabajadores tenían fuero sindical y no podían cambiar sus condiciones laborales.

Según Jaimes, el Ministerio de Trabajo, en ese entonces, sancionó a la Alcaldía de Bucaramanga con, al menos 20 salarios mínimos al haber desconocido el fuero de salud o estabilidad laboral reforzada. Además, tuvo que pagar a 10 trabajadores por lo sucedido y esto superaría los 100 millones de pesos.

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“El ministerio sanciona al municipio y se hacen unas acciones jurídicas por parte del sindicato. La Corte Suprema de Justicia determina que si Rodolfo Hernández quería modificar el contrato, debería ser con orden de un juez y con algo justificable. La Corte dice que deben reintegrar a todos, más indemnizaciones millonarias y pagos de salario por todo lo que dejaron de ganar en ese tiempo. Solo los que tenían fuero, podían volver”, explicó.

De los 27 empleados, que en el 2016 se les habría desmejorado su condición laboral, 10 recobraron sus derechos. “Tres personas tiene procesos ante la organización Internacional de Trabajo, OIT, porque vulneraron su derecho a la igualdad, es un caso abierto contra Bucaramanga”, mencionó.

Esta explicación de los sindicatos se origina, luego de que fuentes cercanas a Rodolfo Hernández le informaran a La W que el delito de violación a la libertad de asociación se originó por ponerlos a trabajar cumpliendo horarios laborales teniendo un permiso sindical.

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