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Denuncian fraudes en licencias de maternidad en Barranquilla

La situación se conoció por investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

Foto: Getty Images / Tetra Images

Información de la Fiscalía General de la Nación evidenció los delitos sobre el sistema de salud desde el pasado año 2021, en los que participaban mujeres en condición de vulnerabilidad para el cobro de licencias de maternidad, haciendo uso de empresas fachadas.

Por esta razón, recientemente fueron detenidas 8 personas vinculadas a un episodio de defraudación a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES, en el Meta, procesados por el saqueo de casi $9 mil millones de pesos.

Por este, se declararon víctimas varias entidades prestadoras del servicio, tales como Cajacopi, Famisanar y Sanitas.

En la investigación también se determinó que se configuraron 19 sociedades de papel en las que relacionaron de manera laboral a casi 430 mujeres en varios departamentos, entre esos en el Atlántico.

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Según la Fiscalía, los señalados simulaban que las mujeres, que normalmente estaban entre el 4to y 5to mes de gestación, eran pertenecientes a Organizaciones no gubernamentales, gobernaciones y alcaldías, aumentando las ganancias de las supuestas trabajadoras a más de $8 millones, para que las empresas fachadas recibieran mayores beneficios.

En cuanto a Barranquilla, según datos de la EPS Cajacopi, se han evidenciado 77 casos de este tipo, de mujeres en condición de vulnerabilidad que contaban con sueldos en su primer empleo, de entre $3 y $9 millones de pesos, vinculadas a empresas de papel.

Al parecer, los señalados de cometer estos ilícitos se acercaban a las entidades de salud e identificaban a las personas que utilizarían para estos crímenes, a las que les decían que podían hacer uso de beneficios del gobierno, para después vincularlas laboralmente y así cobrar las licencias.

Entre los delitos por los que el grupo deberá responder, se encuentran: concierto para delinquir agravado, estafa agravada continuada, utilización ilícita de redes de comunicaciones, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude procesal.