Acudiremos a instancias internacionales: abogado sobre caso de impunidad militar

En entrevista con Contrarreloj, el abogado Tito Gaitán, representante ante la JEP de las víctimas de la masacre de Santo Domingo (1998) en Arauca, se refirió al increíble caso del capitán (r) César Romero Pradilla y el teniente Johan Jiménez, exmilitares de la Fuerza Aérea, y quienes aunque fueron condenados a 30 años de cárcel en 2007 por la matanza, a la fecha en 2022 nunca fueron capturados.

De acuerdo con el abogado “ninguna autoridad ha buscado que paguen”, relatando que ha habido una falta de rigor enorme por parte de la justicia, tanto del juzgado de primera instancia que los condenó, como del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, así como el Juzgado 23 de Ejecución de penas de Bogotá. Ninguna de esas autoridades ordenó la captura de los soldados y siguen sin pagar la pena.

“Eso ha permitido un hecho que es escandaloso y es que personas que han estado procesadas por estos hechos desde hace ya más de 20 años y que soportan ya una sentencia condenatoria, pues desde el año 2007 no hayan pasado un día en prisión y hayan sido beneficiarios de unas prerrogativas de manera ilegal” detalló Gaitán.

El abogado explicó que la Corte Suprema dejó en firme la sentencia contra los oficiales hace más de 7 años, pero en ese lapso de tiempo antes de que se sometieran a la JEP, nadie los capturó, y luego cuando le solicitaron a la jurisdicción especial que resolviera esa irregularidad, la respuesta fue que no tenía competencia.

“Lo que hubo allí fue una notoria falta de diligencia además de una evasión clarísima de los deberes del juez 23 de ejecución de penas para librar esas órdenes de captura y luego hubo una serie de dilaciones en la JEP que permitieron que esa situación se consolidara” indicó Gaitán.

Ante el flagrante incumplimiento a los derechos de las víctimas de esa masacre, el abogado Gaitán anunció que acudirán a denunciar lo que está pasando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que valga decir, ya condenó al estado en 2012 por esa matanza.

“Estos hechos se pondrán en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace una supervisión al cumplimiento de su decisión y esperamos que haya unas medidas concretas, para superar una irregularidad tan notoria” anunció el representante de víctimas.

Adicionalmente reveló que de acuerdo con la información con la que cuentan, los dos militares responsables no estarían en el país y “se mofaron” de la jurisdicción negándose de manera evidente a colaborar, a pesar de que según el abogado “las víctimas no tenían un ánimo de venganza” y pedían una reparación mínima.