En firme fallo contra dos exalcades por irregularidades en contrato del PTAR Tunja
Se trata de Arturo Montejo y Fernando Flórez a quienes la Contraloría General de la República encontró responsables.
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La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $2.127 millones contra los exalcaldes de Tunja Arturo José Fructuoso Montejo Niño (2008-2011) y Fernando Flórez Espinosa (2012-2015), por irregularidades en la ejecución de un contrato de obra para el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos del primer módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tunja - Etapas I y II.
Así mismo, el fallo cobija igualmente a los contratistas Aguas de Colombia SAS y Water Treatment And Desalination, al igual que el interventor, la Empresa Euco Ltda, ahora Edgar Uribe y Cía SAS.
También a los entonces secretarios de contratación, bienes y suministros para las vigencias 2008-2011 y 2012-2015, respectivamente: Jairo Ernesto Sierra Torres, (2008-2011), Gustavo Ussa Alvarez Beltrán (2008-2011) y José Fernando Camargo (2012-2015).
Se trata de un fallo mixto, donde se determinó responsabilidad fiscal para los anteriormente mencionados y se decidió sin responsabilidad para otros, proferido en primera instancia por la Gerencia Departamental de la CGR en Boyacá el pasado 26 de abril de 2022.
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Y el 22 de julio de 2022, en segunda Instancia y con Auto No. 0893 la Contralora Delegada Intersectorial No. 4 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la CGR, surtió el Grado de Consulta y 10 recursos de apelación interpuestos, confirmando en todos ellos la decisión de fallar con Responsabilidad Fiscal contra los declarados responsables, así como denegar los recursos interpuestos.
La Contraloría General de la República probó que con los recursos de Sistema de Participaciones (SGP), con el que se financió el Contrato 226 de 2009, se presentaron irregularidades con el suministro de los elementos necesarios para poner en funcionamiento la PTAR, dado que no se entregaron todos los requeridos.
Además, no se ejecutaron las obras necesarias para ponerla en funcionamiento, por lo que dicha planta nunca pudo entrar en operación en vigencia del Contrato cuestionado.
El contrato 226 de 2009 fue afectado con 6 suspensiones, 9 prórrogas y 4 adiciones presupuestales, que elevaron su valor final a $3.767milones.
Finalmente, el contrato se liquidó unilateralmente por incumplimiento de los contratistas el 29 de diciembre de 2015, causando un detrimento patrimonial de $2.127 millones.
