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Accidente de helicóptero presidencial fue culpa de Aerocivil y FAC: familiares

Familiares de las personas que viajaban en el helicóptero presidencial que se estrelló en 2019 radicaron queja ante la Procuraduría.

Accidente de helicóptero presidencial fue responsabilidad de Aerocivil y Farc: familiares

Colombia

La W conoció en primicia que familiares de las personas que viajaban en el helicóptero presidencial que se accidentó en Albán, Cundinamarca el 25 octubre de 2019, donde murieron seis tripulantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), radicaron ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación para ser reparados económicamente por las presuntas fallas en el servicio.

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Además, tienen pensado demandar a la FAC y la Aeronáutica Civil porque, según argumentan los familiares y su defensa en cabeza de Miguel Ángel Ruiz Salamanca, director de Company Lawyers, existieron irregularidades por parte de la torre de control o la controladora aérea del momento, Zeidy Valeria Aristizábal, quien trabaja para la AeroCivil en la supervisión del control aéreo de aeronaves militares y comerciales.

Argumentan que estas presuntas irregularidades tienen que ver con que los pilotos, en repetidas oportunidades, sí solicitaron altura con 50 segundos de anticipación para sobrevolar el cerro Monasterio y la vereda La Victoria, en el municipio de Albán. Sin embargo, supuestamente la controladora no cumplió sus funciones ni deberes al no dar la altura solicitada.

Yaneth Gómez, esposa del teniente coronel Mario Efrén Gómez Parra, comandante de la aeronave y quien falleció en este accidente, habló en La W sobre este hecho:

Accidente de helicóptero presidencial fue responsabilidad de Aerocivil y Farc: familiares

Las autoridades competentes, tanto la FAC como la AeroCivil, fueron contactadas por La W sobre este caso.

La AeroCivil sostiene que el hecho es responsabilidad de la FAC, a pesar de que la controladora trabajaba en dicha entidad, mientras que la FAC, por su parte, dijo que no tenía vocero disponible.

No obstante, ambas entidades ya tienen en su despacho un derecho de petición que fue radicado en julio de este año.