Fitch: mediación de gobierno en tarifas de energía debilitaría perfiles crediticios
La calificadora de riesgo señala que con la propuesta del Gobierno no solo se afectarían los perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos, sino que podría influir indirectamente en los servicios de agua y distribución de gas natural.
Fitch Ratings. Foto: Getty Images. / ullstein bild
La calificadora de riesgo Fitch Ratings señaló que la intervención del gobierno para contener el aumento de las tarifas eléctricas podría debilitar los perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos colombianas.
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“Las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la presión inflacionaria en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos de precios para compensar los crecientes costos de producción”, advierte la calificadora.
De este modo, agrega que aunque la mayoría de las empresas de servicios públicos colombianas tienen calificaciones de grado de inversión sólidas con perspectivas estables, un cambio estructural “en el entorno regulatorio de la electricidad debido a la interferencia política podría influir directamente en los perfiles crediticios de las empresas de generación, distribución y transmisión de electricidad, e indirectamente en los servicios de agua y distribución de gas natural”.
“La mayor interferencia del gobierno en las regulaciones de los servicios públicos, un marco regulatorio sesgado hacia las necesidades de los usuarios finales a expensas de los participantes del sector y/o un retraso significativo para recuperar el capital y los costos de operación son factores que se consideran inconsistentes con los entornos regulatorios de grado de inversión”, remata la entidad.
Hay que recordar que en los últimos días el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno asumirá las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la entidad que crea “las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera”, según dice la ley. Con esto Petro busca una intervención estatal ante la inflación y el aumento excesivo en las tarifas de energía, especialmente en la costa Caribe.
Y es que en agosto de 2022, la factura eléctrica promedio anual en Colombia aumentó 25,9% ia mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 10,8%.
