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El Estado no puede desistir de castigar a quienes deforestan: Procuraduría

El Ministerio Público también pidió al recién posesionado y nuevo viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa revisar el proyecto de ley de la jurisdicción agraria para incorporar el concepto de justicia ambiental.

Procuraduria General de la Nación / Colprensa/Archivo

En la novena sesión del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef), el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gustavo Guerrero Ruíz, enfatizó en que aunque el diálogo con las comunidades es necesario, no se puede dejar de persistir en la persecución de quienes deforestan: “el Estado no puede desistir de la acción punitiva que persiga a los deforestadores en el país”.

En este escenario, realizado por solicitud del ente de control y en el que participaron los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Justicia y del Derecho, Defensa, Parques Nacionales Naturales, y el IDEAM, se acordaron estrategias para la contención y prevención de la deforestación en puntos estratégicos del territorio nacional y en acciones de fortalecimiento institucional con autoridades ambientales locales.

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El ente de control también solicitó al recién posesionado y nuevo viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa revisar el proyecto de ley de la jurisdicción agraria, a fin de que se incorpore el concepto de justicia ambiental y se piense en dicha jurisdicción como agraria y ambiental.

Finalmente, el Procurador Delegado expuso las diferentes acciones desplegadas por este ente de control para contener la deforestación entre las cuales se enfatizó en el desarrollo del “Modelo de diálogo comunitario”, puesto en marcha en la implementación de la Directiva 006 de 2022 sobre el control de ganadería en los parques nacionales naturales y regionales, y resaltó la importancia de la actualización de los planes de ordenamiento territorial de los municipios, especialmente en los departamentos de la región amazónica, con el fin de que sean incorporadas medidas de mitigación y adaptación al cambio climático tal y como lo ordena la Sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia.