Condenan a exjueces de Cereté por el ‘Cartel de las Tucson’
Según la condena, los exjueces son responsables de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
Condenan a exjueces de Cereté por el ‘Cartel de las Tucson’. Imagen de referencia. Foto: Colprensa (Thot)
La Fiscalía General de la Nación confirmó que tras considerar suficientes las pruebas presentadas por dicho ente investigador, el Tribunal Superior de Córdoba condenó a nueve años de prisión a los exjueces del municipio de Cereté, Iván Elías Bader y Francisco Daza Ramírez, en el marco del escándalo conocido como el ‘Cartel de las Tucson’.
Según la condena, los exjueces son responsables de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
En sus investigaciones, la Fiscalía determinó que un abogado “en representación de ocho empleados de la liquidada Telecom, presentó en 2009 una acción de tutela para que la empresa de telecomunicaciones les reconociera a sus clientes mesadas pensionales y varias sumas por supuestos salarios no pagados”.
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En primera instancia el juzgado promiscuo de Cereté, bajo la responsabilidad de Bader, ordenó a Telecom el desembolso de mesadas correspondientes a tres años. Aunque esta decisión fue apelada, llegó hasta al juez penal de conocimiento Francisco Daza Ramírez, quien ratificó el fallo.
Así las cosas, la extinta empresa fue obligada a pagar 1.460 millones de pesos a los accionantes. También, dispuso el embargo de las cuentas con el fin de que la entrega de los dineros fuera efectiva.
Para el año 2010, la Corte Suprema de Justicia revocó la tutela y dio pie a una investigación sobre la forma en la que procedieron los entonces servidores de la Rama Judicial.
Entre otras cosas, se conoció que la sentencia contra los jueces también contempla una multa de 428 millones de pesos e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 108 meses.
Como se recordará, por este mismo caso también fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión el exjuez promiscuo de Lorica, Álvaro Chica Yánez, por el reconocimiento irregular de pensiones a través de fallos de tutela.
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