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Procuraduría inhabilitó a exsecretario de Planeación y a una excuradora de Montería

Se trataría del secretario de Planeación para el periodo 2012-2015, Carlos Montoya Baquero, y la excuradora Lila Esquivel Rubio

Imagen de referencia de la Procuraduría. Foto: Colprensa

Imagen de referencia de la Procuraduría. Foto: Colprensa

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación confirmó que destituyó e inhabilitó por 9 años y un mes al secretario de Planeación de Montería, Córdoba, (2012-2015), Carlos Domingo Montoya Baquero; y por 10 años y un mes a la curadora urbana No. 2 (2010-2020), Lila María Esquivel Rubio, por presuntas irregularidades en la expedición de actos administrativos.

“En fallo de primera instancia, la entidad comprobó que Montoya Baquero aprobó mayores alturas y modificó los usos del suelo en predios residenciales de la ciudad de Montería, a través de 11 resoluciones denominadas planes de implantación”, sostuvo el Ministerio Público.

“En cuanto a Esquivel Rubio, el ente de control evidenció que otorgó las licencias de construcción del Edificio Multifamiliar Solsticio, Proyecto Multifamiliar Roma y Edificio Baviera mediante resolución, sin que se hubieran expedido previa o simultáneamente las respectivas licencias de urbanismo con las que se debía contar”, agregó la Procuraduría.

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En ese sentido, precisa el órgano de control que “se determinó que los exfuncionarios incumplieron las normas que regulan los usos del suelo, desconociendo lo establecido, entre otros, en el Plan de Ordenamiento Territorial”.

Finalmente, sostienen que contra esta decisión disciplinaria procede el recurso de apelación ante la Sala Ordinaria de Juzgamiento.

Cabe recordar que tanto Montoya Baquero como Esquivel Rubio, también enfrentan un proceso penal. La Fiscalía General de la Nación los investiga por presuntamente haber otorgado de manera irregular la licencia que dio vía libre a la construcción de la Urbanización Vallejuelo en el norte de la capital cordobesa.

Según el ente acusador, en dicha acción se desconoció la reserva forestal y que la zona era inundable, por lo que los acusó como supuestos responsables del delito de prevaricato por acción.

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