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Procuraduría pone la lupa a polémico proyecto hotelero en Barichara

Alberto Rivera Balaguera, en su calidad de procurador 24 Judicial II Ambiental Agrario de Santander, respondió al derecho de petición de la comunidad.

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Procuraduría.

Colombia

A través del oficio 669-2022, la Procuraduría General de la Nación respondió al derecho de petición de la comunidad que solicitaba a las autoridades locales no otorgar licencias o permisos para la realización y desarrollo del Proyecto Turístico Barachala “hasta que no se tengan los respectivos estudios de impacto”.

Dicho proyecto se llevará a cabo en el kilómetro siete de Barichara a Guane, en la vereda El Pino del municipio de Barichara. Sin embargo, el derecho de petición solicita estudiar el impacto ambiental que se generará con este proyecto, el cual, según la comunidad, “implicará afectación al medio ambiente por la tala indiscriminada de bosque tropical, afectación de especies nativas, afectación de reservas de agua naturales”.

En contexto:

Ante esto, en el documento conocido por Sigue La W, el procurador 24 Judicial II Ambiental Agrario de Santander, Alberto Rivera Balaguera, aclaró que esta entidad “carece de competencia para solicitar la suspensión de otorgamiento de licencias”.

Sin embargo, agregó que, en ejercicio de una acción preventiva, trasladó el derecho de petición a la Alcaldía Municipal de Barichara y a la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS, con el fin de que, en ejercicio de sus competencias, estas autoridades “vigilen el cumplimiento de las normas de ordenamiento territorial, determinantes ambientales, densidad de uso del suelo y posibles afectaciones ambientales que puedan generarse”.

Esto, según el procurador, “a fin de buscar garantizar la protección de los derechos colectivos de la comunidad del Municipio de Barichara y especialmente la que habita en la vereda el pino, asegurando entre otros aspectos que durante el trámite de la licencia se garantice el cumplimiento de la ley y el orden jurídico”.

Además, la Procuraduría trasladó el derecho de petición al Ministerio de Medio Ambiente, Cultura, Transporte y Comercio, Industria y Turismo con el propósito de que “atiendan los asuntos que sean estrictamente de la competencia de cada uno”.

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Conozca el documento de la Procuraduría sobre este caso:

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