Judicial

JEP niega tutela con la que irlandeses aliados de Farc buscaban mantener amnistía

Los magistrados sentenciaron que la defensa de los extranjeros no puede acudir a mecanismos de urgencia como la tutela cuando cuentan aún con recursos ordinarios para buscar sus pretensiones.

Farc-EP. (Photo by Robert Nickelsberg/Liaison)

Farc-EP. (Photo by Robert Nickelsberg/Liaison) / Robert Nickelsberg

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó una tutela con la que la defensa de los irlandeses Martin Mc Cauley, Niall Terrence y Seamus O´ Muineacháin, condenados por dar entrenamiento en explosivos a las Farc, buscaba revocar el fallo que les retiró la amnistía y la libertad condicional por “insuficientes” aportes a la verdad.

En los argumentos de la tutela, se señaló que los hechos por los que fueron sentenciados eran conexos al delito político y por lo mismo, se debía entregar la mayor amnistía posible bajo esos criterios. Además, el abogado de los extranjeros señaló que el magistrado del caso vulneró sus garantías y no actuó con imparcialidad.

Los magistrados de tutela por su parte rechazaron lo solicitado por la defensa de los irlandeses, y concluyeron que es improcedente acudir a medios subsidiarios como la tutela cuando aún cuentan con recursos jurídicos para buscar revertir lo fallado en primera instancia.

“...no demuestran a prima facie la vulneración de garantías fundamentales de los accionantes, por el contrario, son indicativas, que, al parecer, dichas figuras jurídicas han sido utilizadas como herramientas para afectar el trámite de la amnistía de Sala y el incidente de incumplimiento al régimen de condicionalidad cuya apertura se dio luego de llevarse a cabo las diligencias de aporte a la verdad y los requerimientos para que los interesados, en realidad efectuaran una VERDAD PLENA” sentenció la Sección.

De hecho, los jueces transicionales recordaron que el incidente de incumplimiento que fue abierto contra los excolaboradores de las Farc para verificar si están cumpliendo con sus obligaciones fue apoyado y solicitado por la Procuraduría General de la Nación.

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