Masacre de Punta Coquitos: piden poner la lupa sobre el coronel Pedro Bermúdez

La W tuvo acceso al documento entregado por la Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que solicitó compulsar la información (al caso 08) que vincula al coronel (r) Pedro Vicente Bermúdez en su condición de excomandante de las Fuerzas Especiales (AFEUR) de la Brigada Décima en 1988 a la investigación por la responsabilidad de la Fuerza Pública en las masacres paramilitares de La Negra, La Honduras y Punta Coquitos (Antioquia).

Lo anterior luego de que fuese escuchado en audiencia ante el despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez, pero allí su versión de los hechos fuese un mar de contradicciones refutadas por sus propios subalternos (como el cabo Félix Ochoa Ruiz), negando su presencia en la zona y/o conociendo del uso de una menor de edad capturada (Olga Lucía Restrepo) para sacarle información sobre supuestos colaboradores de la guerrilla en las fincas Honduras y La Negra.

Para el delegado Alonso Pío Fernández, aunque el hoy coronel Bermúdez (quien incluso llegó a trabajar en la Ayudantía General del Ejército y ser el enlace del Ministerio de Defensa con el congreso) insistía en “mentirle” a la magistratura sobre hechos probados, concluyeron que el exalto oficial sacó a la detenida Restrepo para usarla de informante (8 días antes de la masacre donde las personas que ella mencionó fueron asesinadas por los “paras”), que estuvo varias veces en Turbo aunque lo negaba, y el uso de vehículos asignados.

“Compulsar copias al caso 08 (crímenes de Fuerza Pública con paramilitares) de toda la información contra el compareciente forzoso exmiembro del Ejército Nacional Pedro Vicente Bermúdez Lozano, quien fungió para la época de los hechos como comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Rurales adscrita a la brigada Décima para los años de 1987 y 1988, en lo referente a las masacres de Honduras, la Negra y Punta Coquitos” sentenció el ministerio público.

La solicitud de compulsa se adelantó a pesar de que el coronel negó cualquier conocimiento de hechos criminales, incursión paramilitar o por qué habría camiones militares esperando a los asesinos de los sindicalistas en las matanzas.

De hecho, de forma contundente, el ministerio público sentenció que es evidente la conexión entre el enredado operativo de captura de las cuatro personas señaladas de ser guerrilleras del EPL, y la ocurrencia de las masacres en 1988.

“No puede ser coincidencia que el listado de víctimas que llevaba el grupo paramilitar sea el mismo que inteligencia militar había obtenido a partir de los interrogatorios a los detenidos del 24 de febrero de 1988, es decir, ocho días antes de los hechos violentos ocurridos en las fincas Honduras y la Negra, por el contrario, constituyeron actos preparatorios a las masacres” dijo el procurador Fernández.

Asimismo, y a pesar de algunos aportes a la verdad como los realizados por el cabo Félix Ochoa Ruiz, el ministerio público fue enfático en la falta de colaboración de los comparecientes que integraban en el momento de las matanzas la Agrupación de Fuerzas Especiales asentada en esa zona de Urabá.

“Ese desconocimiento de los versionados, no obstante, el álgido y crítico momento de violencia que se vivía en la región, se hace extensivo a la ocurrencia de fenómenos de desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, masacres, torturas, violencia sexual, reclutamiento forzado (...) conductas que eran el pan de cada día para la población, mientras tanto y parodiando lo manifestado por el teniente Bermúdez Lozano, la tropa se encontraba en sus batallones durmiendo” dijo el ente de control.

Finalmente, la Procuraduría concluyó que la información recabada por la JEP como otros tribunales, tuvieron como fin debilitar sindicatos y la izquierda de cara a la contienda electoral de ese año, donde previo y posterior a la misma ocurrieron los asesinatos.

También, en el documento del ministerio público, conocido por medio de fuentes en la JEP, se menciona un relato del cabo Félix Ochoa Ruiz, quien asegura que el cabo Ardila Gil le afirmó que “ellos estaban apoyando a un grupo con munición, pero no me dijo nada más”. De hecho, el ministerio público pidió a la JEP llamar a declarar a Ardila Gil.