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CIDH abre caso por jueza exiliada tras condenar por masacres de La Negra y Honduras

Según lo denunciado por la exfuncionaria judicial, producto de su labor en ese caso fue asesinado su padre y además tuvo que desplazarse forzosamente. Alega que el estado no investigó ni juzgó a los responsables.

Imafgen de referencia. Foto: Luis Robayo / AFP via Getty Images

Imafgen de referencia. Foto: Luis Robayo / AFP via Getty Images / LUIS ROBAYO

Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un proceso contra Colombia por el exilio y las distintas vulneraciones que vivió la exjuez de la República, Martha González, producto de su labor judicial en las masacres paramilitares de La Honduras y La Negra en 1988 en Urabá.

De acuerdo con lo expuesto por la exfuncionaria, tras asumir el caso y proferir sus primeras órdenes judiciales contra paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales por esas matanzas comenzó a recibir amenazas contra su vida, y de hecho, esa situación la obligó a renunciar.

Posteriormente, el propio gobierno la sacó del país hacia Europa para proteger su vida y la de su familia, lo cual no fue suficiente porque su padre Álvaro González fue asesinado cuando transcurría 1989, y su hermano fue víctima de un atentado años después. En adición a lo anterior, el gobierno le retiró la labor diplomática en 1999 y desde ese momento quedó en condiciones económicas precarias sin poder retornar tampoco al país para ejercer su profesión.

Por cuenta de todos esos hechos previos y la falta de resultados sobre la investigación relacionada con el exilio y las amenazas contra la juez, su familia, y el asesinato de su padre, la CIDH decidió admitir el caso ante la evidente impunidad que ha acompañado el caso de la exfuncionaria y todo lo que ha tenido que vivir por su función judicial en el caso.

“La CIDH estudiará en etapa de fondo si el Estado ha cumplido con el deber de prevención y protección bajo los estándares de debida diligencia en la investigación de las denuncias y en la determinación de las medidas de seguridad asignadas a favor de la presunta víctima y de su familia” sentenció la Comisión.

Cabe resaltar que en el momento en el que el estado tuvo que responder ante la admisión o no de la petición por parte de la CIDH, culparon a la exjueza González por la impunidad en la que se encuentra el expediente señalando que sus gestiones “han sido nulas” para obtener justicia por los hechos y además que se demoraron mucho en acudir al Sistema Interamericano (a pesar de que se trata de personas que estaban en el exilio).

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