Denuncian ‘Cartel de la Toga 2′ en el caso Unimetro de Barranquilla

Recientemente se conocieron las declaraciones de Luis Fernando Acosta Osio, ex cónsul honorario de Polonia, sobre el controvertido caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y el Hospital Universitario Metropolitano.

En su calidad de representante de los intereses de las organizaciones antes mencionadas y de la familia Acosta, señaló que han sido víctimas de “un posible acto de corrupción que se constituiría en un ‘Cartel de la Toga 2′”.

De la misma manera, aseguró que han sido amenazados y constreñidos, en medio de la batalla jurídica que ha permanecido unos 7 años.

Esto, contra Carlos Jaller Raad “esposo de mi prima Ivonne Acosta, en su condición de cabecilla del denominado Clan Jaller”.

De acuerdo con sus declaraciones Jaller sería el ejecutor de un desfalco por más de $250 mil millones de pesos de la Universidad y del Hospital.

“Jaller e Ivonne, hoy son prófugos de la justicia y se esconden en los Estados Unidos”, aseguró.

Adicionalmente, mencionó que el objetivo de sus declaraciones públicas es hacer un llamado para que la Fiscalía avance en las investigaciones y “que la justicia colombiana, si así lo considera, imponga las respectivas sanciones penales”.

Cartel de la Toga 2

Acosta Osio aseguró que habría una operación criminal que aparentemente involucra a un congresista, a un fiscal delegado ante la Corte Suprema, así como a un importante número de jueces de la República y a funcionarios de la Gobernación del Atlántico.

“De acuerdo con la información que he conocido, Cuartas Jaller habría dispuesto de los dineros públicos de la Salud para el pago de miles de millones de pesos en sobornos (...) En una inspección judicial adelantada por la Fiscalía General de la Nación a comienzos del año pasado a las instalaciones del Hospital Metropolitano, se encontró una contabilidad criminal que llevaba el señor Javier Cuartas Jaller, contabilidad hecha a puño y letra y en la que se relacionan los posibles pagos a las personas involucradas en este “Cartel de la Toga 2″, mencionó.

En lo que tiene que ver con el condenado exsenador Eduardo Pulgar y el exjuez Andrés Rodríguez Caez, aseguró que en “la contabilidad criminal incautada por la Fiscalía aparece que el “‘Clan Jaller’ le habría pagado a Rodríguez Caez la suma de $110 millones de pesos, en dos contados. El primero por $ 50 millones el día 11 de marzo de 2020, y el segundo el día 12 de junio de 2020 por $60 millones de pesos”.

“En el primer desembolso, se anotó de que el mismo era por unos “audios”. El segundo pago, según la evidencia, se relaciona como “saldo”. Dicho audio, salió a la luz pública el día 12 de julio de 2020″, afirmó.

Sobre Julio Ospino, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, mencionó que lleva una investigación contra el magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliecer Mola Capera, procesado por supuestamente favorecer a la familia Acosta a través de un fallo de tutela.

“Llama mi atención que, en el marco de esa investigación, el doctor Julio Ospino ha intentado vincularme infructuosamente en los hechos que él investiga. En la contabilidad criminal del “clan Jaller”, figuran dos probables asignaciones de dinero a favor del doctor Ospino, que ascenderían a $400 millones de pesos”, aseveró.

En el caso de los jueces de la República, señaló que desde el 2020, 3 de ellos y un fiscal fueron imputados, capturados y llamados a juicio.

“Me concentro en los jueces Alberto Oyaga Machado, juez 1 penal municipal de Barranquilla; Rafael Uribe Henríquez, juez 13 penal de Barranquilla y Manuel Augusto López Noriega, juez 11penal de Barranquilla. Aunque los procesos contra esos servidores de la justicia son por los delitos de prevaricato y fraude procesal, aparentemente, y de acuerdo con la contabilidad criminal que llevaba el señor Javier Cuartas Jaller, también estarían incursos en los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito pues aquellos funcionarios judiciales, según lo relacionado en la contabilidad criminal, habrían recibido cientos de millones de pesos a cambio de adoptar medidas en contra de la familia Acosta”.

Por su parte, los defensores de los señalados en el caso respondieron a las declaraciones públicas, asegurando que la Fiscalía ha tenido una “actitud pasiva” frente a las investigaciones y que estas no han avanzado en lo referente con la familia Acosta.

Vea los documentos a continuación y la respuesta de los señalados: