Procuradora Margarita Cabello, con una mano sanciona y con la otra concilia

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, jugó con la camiseta del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien logró –a instancias del Ministerio Público– hacer ejecutar un contrato de venta de acciones de la Triple A, aunque existan y persistan las dudas sobre las condiciones y la valoración.

Luis Ramiro Escandón, a quien la procuradora Cabello designó como encargado para atender una queja del alcalde de su ciudad, fue el mismo que logró la conciliación que en nada favorece a la Nación y en todo favorece a la Alcaldía de Barranquilla.

Como se los contamos, todo empezó cuando la SAE cuestionó un negoció hecho por la administración anterior, en el gobierno de Iván Duque, para vender las acciones de la Triple A que se llama así porque maneja el Acueducto, el Alcantarillado y el Aseo de Barranquilla.

La SAE pedía la suspensión temporal del contrato de compraventa y la revisión del valor de la operación porque, en concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Nación estaba enajenando unas acciones por menos de la tercera parte de lo que realmente valen. La diferencia es de 1.3 billones de pesos.

Fue entonces cuando con agilidad inusitada la barranquillera procuradora Margarita Cabello, cercana a la casa Char como el alcalde Jaime Pumarejo, designó al procurador delegado con funciones mixtas Luis Ramiro Escandón para que atendiera la petición del alcalde.

La semana pasada, el 7 de febrero, la SAE había citado la Asamblea Extraordinaria de la Triple A para cambiar la junta directiva –que seguía siendo la del gobierno de Iván Duque– y decidir la suspensión temporal del contrato de venta.

A la asamblea apareció el delegado de la procuradora, Luis Ramiro Escandón, a pedir la suspensión de la reunión y el cumplimiento del contrato para evitar que la SAE tuviera que pagar 59.000 millones de pesos que era la sanción establecida por incumplir.

El designado por la procuradora decía que se podían perder 59.000 millones y el presidente de la SAE Daniel Rojas decía que la ejecución podría ocasionar una pérdida de 1.3 billones de pesos. Es decir 22 veces más grande que la multa.

Sin embargo la política tiene otras matemáticas.

Como el presidente de la SAE no hizo caso, tres días después, en un proceso relámpago, como no se recuerda otro, la Procuraduría lo suspendió por tres meses de su cargo. Además, le abrieron investigación disciplinaria a él y a sus vicepresidentes jurídico y de sociedades y al superintendente de servicios públicos domiciliarios Dagoberto Quiroga, quien había cuestionado la valoración de la venta.

La veloz suspensión fue ejecutada por el segundo de la procuradora Cabello, el viceprocurador Silvano Gómez, quien nos dijo aquí en el Reporte de La W, que él suspendía primero y después investigaba.

Eso sucedió el viernes 10 de febrero. En un ejemplo contemporáneo de la combinación de todas las formas de lucha, la procuradora Cabello tenía en una mano el pan y la otra el rejo.

Ese mismo 10 de febrero, Luis Ramiro Escandón, la otra mano de la procuradora, citaba a las partes a una reunión el 16 de febrero para atender la queja del acalde de Barranquilla.

Ayer las partes acudieron a la Procuraduría con una diferencia notable: El alcalde Pumarejo y su grupo llegaron intactos y jugando de locales, mientras que la SAE no podía tener en la mesa a su presidente, Daniel Rojas, porque podía interpretarse que él tenía interés personal en el resultado de la conciliación porque repercutiría en la decisión disciplinaria sobre su suspensión.

Por esa misma razón no fue el superintendente de servicios Dagoberto Quiroga, investigado por el viceprocurador.

Los intereses de la Nación estuvieron representados por el abogado Héctor Carvajal, el mismo que arma las reuniones del presidente Petro con el expresidente Álvaro Uribe y que en virtud de esa equidistancia aspira a que lo elijan fiscal general de la Nación.

El acta de la reunión de ayer sugiere que antes de ella Carvajal se había reunido con los barranquilleros. El documento afirma que el abogado y reciente celebridad “Expuso que la Alcaldía de Barranquilla manifestó en otra reunión que cuentan con un memorando de entendimiento suscrito con Empresas Públicas de Medellín, EPM, en el cual se menciona la posibilidad de que esa empresa compre varias de las acciones que son objeto del contrato de compra venta”.

La forma de despejar el camino fue decir que si no había inversionistas privados, sino que todos eran públicos, como la Alcaldía de Barranquilla y las EPM, no habría detrimento patrimonial en la venta aunque sea ventajosa para Barranquilla y lesiva para la Nación. Finalmente la plata pasa de un bolsillo público a otro bolsillo público.

El alcalde charista de Barranquilla negoció, a instancias de la procuradura charista desde una posición de poder, y la SAE sin su presidente… que mantenía sobre la cabeza el revólver de la suspensión esgrimido por la Procuraduría.

El documento oficial de la conciliación no menciona a EPM

En Barranquilla dicen que la idea de meter a EPM vino del presidente Petro porque es una empresa controlada hoy por su aliado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Altos funcionarios del Gobierno Nacional señalan que la iniciativa fue de Pumarejo y los Char porque se imaginan que el año entrante ya EPM habrá regresado al control de los amigos del expresidente Uribe.

Al final gana el alcalde Jaime Pumarejo que logra quedarse con la Triple A, a precio de ganga. Barranquilla tendrá el 72 por ciento y EPM el 28.

Gana el empresario William Vélez, a quien le comprará EPM sus acciones para que todo quede entre públicos. No va a perder un centavo y en cambio es posible que se quede con el negocio del aseo de la ciudad como parte del acuerdo.

Pierde la Nación, y esencialmente la SAE, doblegada en una negociación desigual en la que la Procuradora actuó como juez, verdugo y conciliador. La junta directiva que designó en la asamblea de la semana pasada ni siquiera será inscrita, seguirá ejerciendo la junta de la época de Iván Duque.

La suspensión del presidente Daniel Rojas probablemente se caerá pero no por la arbitrariedad, como debía ser, sino porque decaerá al desaparecer el acto administrativo que la originaba es decir la no venta de las acciones.

Al final del día como dice el viejo refrán castellano “Muerto el perro se acaba la rabia”.