Requieren información sobre la operación del PAE en el Atlántico
La gobernadora del Atlántico y a los alcaldes de Barranquilla, Soledad y Malambo deberán entregar informes sobre el programa.
Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa.
La Procuraduría General de la Nación requirió informes sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a los alcaldes de Barranquilla, Malambo y Soledad, así como a la Gobernación del Atlántico para que precise si se está prestando el servicio en los municipios del departamento.
La solicitud fue realizada por la Procuradora 5 Judicial II de Familia de Barranquilla por los informes recibidos sobre la operación del programa.
Por esta razón, los mandatarios deberán notificar el estado del proceso de contratación, la vigencia y el número de beneficiarios.
“Asimismo, la Procuraduría solicitó informar las fechas de adjudicación y la fecha de inicio de la prestación del servicio, así como las acciones para garantizar la operación del programa durante todo el calendario escolar”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.
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Por su parte, la gobernación del Atlántico deberá precisar si actualmente se está prestando el servicio de alimentación escolar “en todos los municipios no certificados del departamento y a todos beneficiarios del PAE, detallando el número de beneficiarios y referenciando los detalles de saldos pendientes de procesos de contratación previos”.
Cabe mencionar que, el pasado 17 de marzo, hace menos de 10 días, la Procuraduría también abrió una indagación contra servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Barranquilla, por presuntamente incumplir las obligaciones contractuales para la prestación del servicio de transporte escolar en las instituciones educativas de la ciudad, durante los años 2022-2023.
En este último, el Ministerio Público busca establecer si la situación ha afectado a la comunidad educativa en materia de deserción escolar, después denuncias realizadas en medios de comunicación sobre una disminución de rutas escolares por fuera de la jurisdicción del Distrito de Barranquilla.
“Con el fin de identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos, determinar la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, las circunstancias en las que se cometieron, y establecer si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla ordenó la práctica de pruebas”, afirmó el ente de control.
