Altas cortes no ven necesaria una ‘Corte Agraria’

En una carta firmada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, el Consejo de Estado, Jaime Rodríguez y Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, dirigida al Congreso de la República, al presidente e integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la justicia expone una propuesta para implementar este año la Jurisdicción Agraria y Rural sin necesidad de crear otra Corte Agraria.

Dice la carta que con el objetivo de contribuir al primer punto del Acuerdo de Paz, realizan varias observaciones al proceso de creación e implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural:

“Después de tantos intentos fallidos registrados desde mediados del siglo pasado, es innegable que estamos frente a la oportunidad histórica de implementar la jurisdicción agraria. Sin embargo, es indispensable asumir que esta justicia sólo se concretará y será posible con una base judicial sólida de juzgados y tribunales especializados y dedicados exclusivamente a dirimir los conflictos de tenencia, usos y propiedad de las tierras”.

Por lo que proponen que, la reforma constitucional en trámite en el Congreso de la República debe centrarse en disponer la creación amplia y suficiente de cargos de jueces y magistrados agrarios y rurales y que: “esa es la única forma de dotar de elementos materiales y herramientas jurídicas reales, mediante los cuales se cristalice y garantice el funcionamiento de la verdadera Jurisdicción Agraria y Rural requerida por los habitantes de la mayor parte del territorio nacional, azotados por la violencia y la problemática de la tierra”.

Dicen las cortes que es por esta misma razón que: “para la Rama Judicial, es innecesaria la creación, de la Corte Agraria y Rural que propone el proyecto de Acto Legislativo. Además, las funciones propuestas ya las cumple, y desde siempre las ha ejercido de manera imparcial e independiente, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Civil y Agraria, en tratándose de conflictos particulares, y el Consejo de Estado cuando la controversia involucra actos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y 238 de la Constitución Política y 104 de la Ley 1437 de 2011″, señala la carta.