Consejo de Estado y Procuraduría chocan por sanciones a elegidos por voto popular

La Procuraduría General de la Nación se muestra en desacuerdo con el Consejo de Estado por no admitir la revisión automática de una de sus sanciones bajo el argumento de que se estaría incumpliendo con lo establecido en la reforma a la Procuraduría de la Corte Constitucional.

Luego de que la Corte tomara finalmente una decisión acerca de las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría, y fallara en que el ente de control si puede sancionar a elegidos por voto popular, pero que esta sanción quedaría suspendida hasta que el Consejo de Estado en un término no mayor a 6 meses tome una decisión.

Recordemos que el alto tribunal se negó a aplicar la revisión de fallos disciplinarios de la Procuraduría, en el caso puntual de la alcaldesa del municipio de Arjona, Cartagena, Esther María Jalile García, que fue suspendida del cargo en segunda instancia.

Ahora, la Procuraduría se muestra en descontento con esta ponencia del magistrado Gabriel Valbuena del alto tribunal porque le dice que se está desconociendo la constitucionalidad, el orden institucional y la seguridad jurídica:

“Decisiones como la recurrida no sólo desconocen la cosa juzgada constitucional, sino que alteran el orden institucional y la seguridad jurídica. Efectivamente, al margen de que se compartan o no los fallos de la Corte Constitucional, todas las demás autoridades están en la obligación de acatarlos, so pena de desconocer los mandatos de la Carta Política”, dice el documento del recurso extraordinario de revisión interpuesto por Esther María Jalilie García contra los fallos disciplinarios proferidos en su contra por la Procuraduría General de la Nación el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de octubre de 2022.