Internacional

Un juez prohíbe salir de Perú a Keiko Fujimori y su exesposo durante 36 meses

Junto a la excandidata presidencial, la prohibición salpica a su expesposo Mark Vito Villanella y otros seis colaboradores de su partido Fuerza Popular por presunto lavado de activos.

Keiko Fujimori. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Keiko Fujimori. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images) / LEONARDO FERNANDEZ

La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, su exesposo Mark Vito Villanella y otros seis colaboradores de su partido Fuerza Popular no podrán salir del país durante 36 meses, según orden del juez que les investiga por presunto lavado de activos.

La medida del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, antecede al inicio del juicio oral contra la líder opositora que será anunciado en los próximos días y en el cual Fujimori enfrenta una petición de la fiscalía de 30 años de cárcel como supuesta cabecilla de una organización criminal.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones, está acusada de lavado de activos, un delito en torno al caso “Cócteles” por los presuntos aportes ilícitos en sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Además, el juez ordenó una serie de reglas de conducta a Fujimori, y a otros investigados, como la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial y no comunicarse con el resto de imputados, testigos o peritos.

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Por último, impuso una caución económica al exmarido de Fujimori, Mark Vito Villanella, de 10.000 soles (2.700 dólares).

El caso “Cócteles” cuenta con 41 presuntos implicados y está relacionado con el lavado de activos alrededor de la empresa constructora Odebrecht para presuntos aportes para campañas políticas y ha sido investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público de Perú.

Después de dos años de investigación, la Fiscalía hizo esta petición de prisión en 2021 a raíz de la acusación formulada por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Esta acusación también incluye a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación.

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