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JEP: Procuraduría pide evaluar sanciones contra MinInterior por incumplimiento a órdenes

El delegado Alonso Pío Fernández criticó la falta de respuestas concretas para proteger al consejo comunitario COCOLATU.

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Mariano Vimos/Colprensa

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Mariano Vimos/Colprensa

La Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó al despacho relator del caso Urabá que evalúe la imposición de medidas correccionales (que pueden ir desde multas a un arresto) contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y/o sus funcionarios por el “reiterado” y sostenido incumplimiento frente a la protección de un Consejo Comunitario.

Se trata del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) que ha venido siendo amenazado y por lo cual desde el año pasado la JEP solicitó que el ministerio lidere una mesa técnica para adoptar acciones, pero el incumplimiento persiste (desde la administración de Alfonso Prada a la actual).

De hecho, según el Ministerio Público, ni siquiera han entregado el inventario de medidas a implementar que les pidió la JEP y lo único que se ha recibido es un documento “desorganizado” e incompleto frente al tema.

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“...dejar claro la desorganización y apresuramiento en que el Ministerio del Interior ha incurrido a partir del momento en que se profirió el Auto mediante el cual se ordenó la apertura de un incidente de medidas correccionales”, señala el documento conocido por La W.

Para el Ministerio Público es inaceptable que, hasta la fecha, el ministerio no tenga una ruta clara ni dé respuestas concretas de cómo se va a proteger a COCOLATU y han enviado documentos viejos y sin contexto aplicable.

“Por lo anterior, se solicita al Despacho Relator continuar con el incidente de medidas correccionales y tomar las decisiones que en derecho correspondan contra los servidores del Ministerio del Interior, incluido como ya se hizo por parte de ese despacho, el titular de esa cartera”, concluyó el procurador Fernández.

Incluso, la Procuraduría criticó duramente que dentro de los argumentos presentados por el Ministerio se relacionen alertas tempranas, pero de personal en proceso de reincorporación, asunto que no tiene nada que ver con el trámite en estudio.

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