Elecciones 2023: un llamado a los candidatos para proteger los derechos humanos

Colombia

Cada una de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo es un valioso instrumento de prevención que debe ser aprovechado por los gobiernos departamentales y municipales, puesto que brindan información oportuna y detallada sobre las situaciones de riesgo para tomar medidas preventivas y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas.

Estos documentos son el fruto del trabajo de los equipos en los territorios, recopilando información que las propias comunidades solo confían a la Defensoría. Esta confianza se ha construido a lo largo de varios años, y a diferencia de los informes de inteligencia de la fuerza pública, no son generados con ese propósito.

Por lo tanto, es responsabilidad de los gobiernos utilizar y dar prioridad a estas alertas, trabajando de manera conjunta y coordinada con la Defensoría del Pueblo para salvaguardar la integridad y la vida de todas las comunidades.

En lo que va del 2023, se han emitido un total de 21 alertas tempranas, sumando así un total de 281 desde el año 2017. Lamentablemente, es preocupante constatar que el 85% de los escenarios de riesgo que han advertido, terminaron en tragedias. Ante esta realidad, es crucial resaltar la importancia de que los gobiernos a nivel nacional, departamental y municipal otorguen la máxima prioridad a esta herramienta.

Estas son las 4 problemáticas con el mayor número de alertas en el país:

1.     Desplazamiento: un problema persistente

Durante los primeros cinco meses de este año, enero a mayo, se han registrado 43 desplazamientos forzados en Colombia, afectando a 6.081 familias, es decir, aproximadamente 15.400 personas. Los departamentos del Pacífico, como Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Cauca, son los más perjudicados por estos eventos masivos.

Es fundamental que los candidatos, de cara a las próximas elecciones regionales, incluyan en sus programas de gobierno partidas presupuestales que permitan una atención digna e inmediata a las personas y todas las familias que atraviesan por esta situación.

2.     Conflictividad social: evitando la escalada de violencia

Desde enero hasta abril del 2023, la conflictividad social en Colombia ha aumentado en un 41%. De los 437 eventos de conflictividad social registrados, el 9% involucró disturbios o acciones con riesgo para la integridad de los manifestantes.

Es responsabilidad del Gobierno Nacional fortalecer las labores de prevención temprana para evitar que los conflictos sociales escalen y desencadenen en actos de violencia. Es fundamental encontrar vías de diálogo y promover espacios de participación ciudadana que permitan abordar los problemas y encontrar soluciones pacíficas.

3.     El reclutamiento de menores es inaceptable

Recientemente, la Defensoría del Pueblo llamó la atención de la comunidad internacional al enviar en un informe a la ONU que tenía conocimiento directo de 23 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en el primer trimestre de este año.

Desde el 2021 hasta la fecha, han registrado 199 casos de reclutamiento en todo el territorio nacional, siendo Arauca, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Boyacá y Caldas los departamentos donde más se presentaron.

El reclutamiento ilegal de niñas, niños y adolescentes es uno de los crímenes más atroces que se pueden cometer, debido a que esta práctica afecta su presente y su futuro, y no se puede aceptar ninguna excusa o pretexto para justificar su participación en los grupos armados ni en las hostilidades. Es responsabilidad de todos trabajar en conjunto para prevenir y combatir esta violación de los derechos de la infancia y la adolescencia.

4.     Protección de líderes sociales: una tarea que sigue pendiente

El mapa nacional de riesgos elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha identificado riesgos en 706 municipios y 16 áreas no municipalizadas de los 32 departamentos del país para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto representa dos tercios del territorio nacional.

Durante el período comprendido entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, se registraron 593 homicidios, lo que equivale a un promedio de 15 víctimas por mes. En respuesta a esta preocupante situación, el ente presentó a la comunidad internacional la Alerta Temprana Nacional 019-2023, la cual incluye 70 recomendaciones dirigidas a diferentes entidades del Estado para tomar medidas de disuasión y control en términos de amenazas, investigaciones judiciales, protección y articulación interinstitucional para garantizar los derechos de esta población.

Así las cosas, es fundamental que los gobiernos y autoridades en todos los niveles tomen en cuenta las alertas tempranas, implementen medidas preventivas y protejan a las comunidades vulnerables de la mano de la Defensoría del Pueblo para construir una sociedad segura y justa para todos los colombianos.