Consejo de Estado contradice a Procuraduría y tumba sanción contra exsenador Merlano

Al Consejo de Estado llegó una demanda del exsenador Eduardo Carlos Merlano, representado por el abogado Hector Carvajal, en contra de la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría en 2012 por 10 años.

En la demanda pide que se ordene al Senado de la República que lo reintegre como congresista por el tiempo que le faltaba para completar su periodo constitucional y que se condene a la Procuraduría a eliminar de sus bases de datos los antecedentes disciplinarios anotados como consecuencia de la decisión sancionatoria.

Además de pagarle los salarios y prestaciones dejados de recibir, con la debida indexación, junto con los intereses.

Recordemos que el exsenador fue sancionado por la Procuraduría en una audiencia que se llevó a cabo, luego de que, en alto estado de alicoramiento, fuera protagonista de un video de “usted no sabe quién soy yo”.

Para el Consejo de Estado, sí hubo una irregularidad en la sanción del ente de control en contra del exsenador Eduardo Merlano, porque el ministerio público no tenía dicha competencia:

“Toda vez que dicho ente de control no tenía competencia para imponer una sanción que restringiera el ejercicio de los derechos políticos del actor, quien fue elegido popularmente para desempeñar el cargo de senador, y que valga resaltar también, conlleva a la restricción del ejercicio de derechos políticos de sus electores”, dice el fallo.

Finalmente, le ordenó a la Procuraduría: eliminar de sus bases de datos los antecedentes disciplinarios anotados como consecuencia de la decisión sancionatoria y pagar al demandante de manera indexada los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir desde la fecha de su retiro hasta el 14 de noviembre de 2014, fecha en la que quedo en firme la providencia que declaró la pérdida de investidura de senador.

“De la condena, la Procuraduría General de la Nación deberá descontar todo lo que el demandante hubiera percibido en el sector público, si a ello hubiere lugar”, señala el fallo.

El Consejo de Estado dice que no ordena el reintegro al Congreso porque su periodo culminó en 2014.