Proyecto que promueve la movilización campesina excede facultades del Gobierno: PGN
Para la Procuraduría General de la Nación es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Gobierno.
Procuraduría | Foto: Colprensa
La Procuraduría General de la Nación por medio de un duro documento lanza fuertes críticas al decreto publicado por el Ministerio de Agricultura ‘por el cual se promueve la movilización y organización campesina’.
Para el ente de control, el Gobierno Nacional acudió a la expedición de un decreto oficial para, posiblemente, defender su proyecto de reforma agraria mediante movilizaciones sociales.
En ese aspecto, dice que el texto no es claro, sin embargo, uno de los argumentos presentados en el borrador es que se realiza un “llamado a la movilización y organización campesina”, y que se crearán comités municipales como “mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria”.
Dice también la Procuraduría que este proyecto tampoco hace referencia a la libre asociación contemplada en el artículo 38 de la Carta Política, el cual establece el derecho de los ciudadanos para unirse y constituir asociaciones libremente para la realización de un proyecto común.
“Por esas razones, para la Procuraduría es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular, para un sector específico de la Nación, unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto a los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio”, señala el documento.
Adicionalmente, queda la duda si el Gobierno destinará recursos para la participación de los campesinos en movilizaciones, pues el texto indica que “todas las entidades de todos los Sectores Administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.
Por lo tanto, la Procuraduría exhorta al Gobierno Nacional para que garantice “la protección de los derechos del campesinado a través de los canales institucionales existentes, con lo cual, por un lado, evitaría la multiplicidad de espacios que superen la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de acuerdos, y por el otro, avanzaría en la mejora de las relaciones sociales y en el fortalecimiento de la confianza institucional, a partir de consolidar los principios democráticos y la armonización de elementos de diálogo en la toma de decisiones de las diferentes ramas del poder público, bajo el postulado de la protección de la pluralidad y la diversidad que reconoce nuestra Constitución”.
