Magistrado denuncia amenazas tras pedir investigar a empresarios por paramilitarismo

En un documento de carácter urgente dirigido a la UNP, el magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, Gustavo Roa Avendaño, solicitó la ampliación de sus medidas de seguridad, así como las de su familia, tras graves riesgos, al pedir que investiguen a los empresarios Rafael Matera Lajud y Alfonso Macías Vargas por paramilitarismo, debido a las acusaciones de exintegrantes de las AUC en su contra.

Según lo denunciado directamente por el magistrado Roa al director de la UNP, Augusto Rodríguez, el día 12 de septiembre vía WhatsApp fue informado de un supuesto plan sicarial atribuido a dichos comerciantes para atentar contra su vida.

“(…) a las 11:14 a.m., recibí en mi teléfono celular un mensaje de WhatsApp (que adjunto), en el que me alertan que “los señores de nombre Rafael Matera y un tal mono Macías…contrataron a varios sicarios” para hacerme inteligencia y atentar contra mi vida y la de mi familia para silenciarme” expone el documento enviado por el magistrado.

Además, expuso otro hecho grave ocurrido el pasado 8 de septiembre, en el que acusó directamente a un conductor de la familia de Alfonso Macías Vargas, llamado Adalberto Ortiz, de haber sido encontrado tomándole fotografías a la camioneta Toyota propiedad de su familia cuando su hijo estaba ingresando al edificio donde residen.

Frente a todo lo anteriormente mencionado, el magistrado de Justicia y Paz pidió que le sea ampliado su esquema de seguridad con dos hombres más y otro vehículo blindado “como garantía mínima de seguridad para el ejercicio diario de mis funciones y desplazamientos como Magistrado de la Sala de Justicia y Paz”. También solicitó la asignación de un esquema de protección a su hijo.

Adicionalmente, el magistrado Roa Avendaño acotó que además de la compulsa por paramilitarismo contra Rafael Matera Lajud y Alfonso Macías Vargas también pidió recientemente investigar a más de 40 personas por presuntos nexos con el Frente Pivijay de las AUC y adelantar acciones sobre varios predios, lo cual representa una decisión de riesgo “que a todas luces genera el disgusto de los investigados por las implicaciones penales que esto les conlleva”.