Fiscalía imputó a siete exfuncionarios de la ANI por irregularidades en la Ruta del Sol II
A los presuntos responsables se les imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, ninguno de los exfuncionarios de la ANI aceptó el cargo.
Fiscalía, imagen de referencia. Foto: Colprensa.
El escándalo de la Ruta de El Sol se volvió a mover. Se trata de siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, quienes en concepto de la Fiscalía aprobaron cinco adiciones al contrato de concesión 01 de 2010, dispuesto para construir un tramo vial de 528 kilómetros de la Ruta del Sol.
Los implicados, según la Fiscalía y quienes ya fueron presentados ante un juez, son Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
Le puede interesar:
De acuerdo con el ente acusador, la investigación evidenció que estas personas, según sus responsabilidades individuales, habrían proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, los cuales generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht
Además, los procesados son señalados de incurrir en maniobras ilícitas para beneficiar económicamente al concesionario, mejorando su flujo de caja y permitiéndole recibir giros por anticipado, sin terminar el proyecto; ni incurrir en créditos, entre otras irregularidades.
El material probatorio da cuenta que la Fiscalía constató que dos de los otrosíes ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos por incumplimientos.
También, dice la Fiscalía, se presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos al que no tenía derecho y obtener mayor flujo de caja. Esto habría causado una afectación financiera a la ANI por más de 2.227 millones de pesos.
La Fiscalía imputó a los presuntos responsables el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Cargo que no fue aceptado por ninguno de los procesados.
