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El hecho de que se caiga el decreto no le quita deberes al Estado: gerente para La Guajira

Luis Eduardo Gómez, gerente especial del Gobierno para La Guajira, aseguró en Sigue La W que deberán seguir trabajando para mitigar la crisis humanitaria del departamento.

La Guajira. Foto: Getty Images.

La Guajira. Foto: Getty Images. / JOAQUIN SARMIENTO

La Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia económica, social y ecológica para La Guajira, emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El alto tribunal anunció que concede efectos diferidos a esta decisión por el término de un año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023 con respecto a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua.

Esto significa que el decreto no se caerá enseguida, sino que sigue vivo hasta el 2 de julio de 2024. En ese tiempo, la Corte revisará los demás decretos que salieron en el marco de la emergencia y se insta al Gobierno y Congreso adoptar medidas.

En contexto:

A propósito de esto, Sigue La W conversó con Luis Eduardo Gómez, gerente especial para La Guajira, sobre las consecuencias que tendrá esta decisión de la Corte Constitucional.

Para iniciar, aseguró que “independientemente del fallo, el Estado y este Gobierno debe cumplir con deberes que son derechos fundamentales para la gente. El hecho de que se haya caído ese decreto no quiere decir que se debe aplazar la aplicación del plan de choque concertado entre las comunidades indígenas y la Corte Constitucional. Implica la reconstrucción de 300 centros de salud para la atención de la enfermedad, el tema del suministro de agua, la aplicación de la cobertura del ICBF”.

De igual manera, Gómez indicó que “independientemente de lo que suceda con los decretos, el deber estatal debe cumplirse y los derechos fundamentales de la gente tiene que satisfacerse”.

En esa misma línea, el gerente especial explicó que “nosotros calculamos que en este momento hay 500.000 personas en La Guajira pasando hambre y más o menos el 80% son de la etnia Wayúu”.

Por otra parte, señaló que “no puede ser una excusa para nosotros, los del Gobierno actual, que como se cae los decretos, nosotros no vamos a hacer lo necesario para conjurar la crisis humanitaria del departamento”.

¿No están funcionando los decretos?

Sobre este punto, Gómez aclaró “que se caigan los decretos lógicamente afectan la agilidad del Gobierno para responder a la crisis humanitaria, pero esa no puede ser la excusa para que no haya celeridad y se le de la trascendencia y se insista en resolver el problema. Esta es la consecuencia de decisiones nacionales y de comportamientos que deben ser sancionados”.

Por último, enfatizó en que “el hecho de que se caiga el decreto no le quita los deberes al Estado, a nuestro gobierno, ni le quita los derechos fundamentales que tiene la población”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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