Una semana del desplazamiento en Tierralta: comunidades denuncian falta de ayudas
Este lunes, 2 de octubre, se cumple una semana del desplazamiento masivo hacia el casco urbano del municipio de Tierralta, Córdoba, donde decidieron asentarse habitantes de unas 14 veredas, entre ellas los pobladores de Bocas del Manso, víctimas del atropello armado.
Desplazamiento en Tierralta. Foto: Cortesía.
Las poblaciones afectadas han reiterado que desde el pasado 25 de septiembre, fecha en la que comenzaron las movilizaciones, siguen esperando las ayudas prometidas por parte del Gobierno Nacional, del cual indicaron no ha cumplido con los acuerdos que hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien estuvo en terreno verificando la situación.
“Los días pasan y nosotros seguimos esperando las ayudas verdaderas por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque hubo una reunión el sábado, no vemos acciones concretas, solo promesas y promesas”, dijo uno de los líderes campesinos, quien en esta oportunidad prefirió resguardar su identidad.
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Y es que precisamente el pasado sábado, 30 de septiembre, instalaron en el referido municipio el Puesto de Mando Unificado (PMU), para analizar las acciones a tomar en materia social, luego de la vulneración de los Derechos Humanos (DD.HH.) que padecen los desplazados.
En el encuentro participaron funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la directora de la Unidad de Restitución de Tierras para Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, Ana Cristina Muñoz; y otros voceros de diferentes entidades del Estado.
En la reunión con las autoridades del orden nacional, la segunda que se da con funcionarios del Estado luego del arribo de MinDefensa, acordó la realización de un censo caracterizado para saber a cabalidad quiénes son los desplazados y a qué comunidades pertenecen.
Mientras avanza esta parte del compromiso, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó que la administración municipal ya agotó todas sus capacidades de atención para los indígenas y campesinos que están ubicados en el Parque Santiago Canabal. Elevó un llamado al Gobierno Nacional y Departamental, para que se pongan al frente de la situación de manera urgente.
“Continuaremos acompañando a la población desplazada e instando a las entidades y autoridades correspondientes, las veces que sea necesario, para que actúen eficazmente y no permitan la configuración de una crisis humanitaria en Tierralta”, dijo el defensor.
La misma petición fue hecha desde la Procuraduría General de la Nacional a través del delegado para la defensa de los DD.HH., José Luis Martínez Rojas, quien en un recorrido por la zona constató la gravedad en materia de salud por la que atraviesa la población.
“Dentro de la emergencia humanitaria que se presenta en el municipio de Tierralta, la Procuraduría identificó con profunda preocupación la existencia de 32 casos de malaria, cuatro casos de varicela y riesgos de tuberculosis”, manifestó el funcionario.
A pesar de las alertas, reclamos y peticiones, el número de desplazados sigue aumentando con el pasar de los días. Los toldillos, las hamacas, camas improvisadas en toda la plaza y leña prendida para poder cocinar y alimentarse son los escenarios que se perciben mientras esperan por la mano amiga del Gobierno Nacional.
