Asociaciones entre municipios, ¿los nuevos ‘contrataderos’ del país?
Esquema de contratación a través de asociaciones entre municipios se estarían prestando para favorecer a contratistas.
Imagen de referencia de contratos. Foto: Getty Images. / PhotoAlto/Eric Audras
Asomunicipios EAT (Esquema Asociativo Territorial) Desarrollo Sostenible y Equidad Territorial fue certificada el 9 de mayo de 2022 mediante la Resolución 006 del Ministerio del Interior.
Este Esquema Asociativo Territorial está conformado por los municipios de El Retorno y Calamar pertenecientes al departamento de Guaviare, su sede principal está ubicada en San José del Guaviare y tiene dos sucursales más en Villavicencio y Barranquilla.
Por su estructura se les permite realizar actividades de servicio público como acueducto, alcantarillado, electrificación, recolección y disposición de basuras, gestión de centros o puestos de salud, gestión y dotación de escuelas, entre otras.
Adicionalmente ejecutar obras civiles como vivienda, educación, infraestructura, vías, saneamiento básico, servicios públicos, desarrollo agropecuario, entre muchas otras.
Para ejecutar estas actividades tienen la facultad de “celebrar Convenios o Contratos Plan, Convenios interadministrativos, Convenios de Asociación, Convenios solidarios, Asociaciones Público-Privadas, formular y estructurar proyectos actos, operaciones, negocios, alianzas estratégicas, concesionarse, asociarse con otras entidades y demás acuerdos que sean necesarios y convenientes que estén regulados por la ley y la Constitución Nacional”
Contrato: $8.873.322.228
El 30 de enero la alcaldía de Puerto Gaitán designó a Asomunicipios EAT como entidad ejecutora del proyecto “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDIGENA EN COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, DEPARTAMENTO DEL META”
Asomunicipios EAT invitó a la Asociación de Municipios del Meta ASMETA (conformada por los municipios de la Macarena, Uribe, Mesetas y Vista Hermosa) para que presentara la oferta económica la cual se ajustó a los $8.873.322.228
El 23 de marzo se firmó el convenio interadministrativo entre las dls asociaciones y con un plazo de ejecución de cuatro meses, es decir para entrega el 27 de julio de 2023, con la entrega de un anticipo de $4.436 millones, correspondiente al 50%.
La Interventoría de la obra quedó en manos de Asocienaga (Asociación de municipios de la subregión ciénaga grande de Santa Marta).
La obra se suspendió por 45 días mientras se socializaba el proyecto con los gobernadores indígenas. Posteriormente se reinició quedando como fecha de entrega el 10 de septiembre de 2023.
El 23 de agosto se firmó un acta de corte y hasta ese momento la obra tenía un avance del 15.77% y hoy la obra tuvo una prórroga y se entregará el 8 de noviembre de 2023.
Contrato: $4.522.645.632
El 20 de junio de 2023 el alcalde de Uribia designó a Asomunicipios EAT como entidad ejecutora del proyecto “CONSTRUCCION DE VIAS EN PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES FUERZA WAYU, LAS MERCEDES, FONSECA Y VILLA FAUSTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA”.
El 23 de junio Asomunicipios EAT invitó a Asocienaga para que presentara la oferta económica y esta fue por $4.522.645.632.
El 28 de junio de 2023 se firmó el convenio interadministrativo entre Asomunicipios EAT y Asocienaga, con un anticipo del 50% y un plazo de entrega de seis meses, es decir el 28 de diciembre.
La Interventoría quedó a cargo de Asoriomar (Asociación de Municipios de Riomar)
Contrato: $3.658.567.613
El 10 de mayo el alcalde del municipio de Uribia designó a Asomunicipios EAT como ejecutora del proyecto PROTECCIÓN, Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE REFORESTACIÓN Y ARBORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA”.
El 29 de mayo Asomunicipios EAT invitó a Asocienaga a que presentara oferta y esta fue de 3.658.567.613
El 1 de junio se firmó el convenio interadministrativo entre Asomunicipios y Asocienaga, pactando un anticipo del 50% y un plazo de ejecución de cuatro meses, que se cumple el 7 de octubre 2023.
La Interventoría del contrato quedó a cargo de Asoriomar.
¿Quién es su representante legal?
Carlos Alfredy Pulido Micán es el representante legal de Asomunicipios EAT, quien en el pasado ha enfrentado procesos penales.
En 2014 se le impuso medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en un contrato del año 2000 para la construcción del acueducto del municipio de Santana (Boyacá) y del cual era el interventor. Proceso que se desconoce en qué terminó porque está bajo la Ley 600.
También se le investigó por ser presunto responsable de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, investigación relacionada con un contrato en el municipio de Cota entre 2004 y 2007. En febrero de 2022 la Corte Suprema le ordenó a la Fiscalía que le resolviera su situación jurídica.
En 2002 fue mencionado en un escándalo por presunta corrupción en la gobernación de Santander, durante la administración de Jorge Gómez Villamizar, proceso que aparentemente no prosperó en las investigaciones.
En 2010, en primera instancia, la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad de 10 años cuando fungía como representante legal de Coopmunicipios por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de un puente y cuyo anticipo no se habría invertido. No se conoce decisión de segunda instancia.
En todo caso al consultar los antecedentes de policía y disciplinarios no registra ninguna anotación.Adicionalmente al ser consultado Óscar Alfredy Pulido, manifestó que “en esos procesos ya se pronunciaron las entidades con preclusion y están debidamente ejecutoriadas”.
‘Contrataderos’ 2.0
El ingeniero Rodrigo Fernández, experto en contratación, calificó a dichas asociaciones en Sigue La W como ‘contrataderos 2.0′, asegurando que “por supuesto amparada en una norma que permite que las asociaciones de entidades territoriales puedan celebrar contratos interadministrativos, pero el propósito de la creación de estas asociaciones no es eludir la Ley 80 y además impedir que exista libre competencia”.
En ese orden de ideas, señaló que se está haciendo por el tope del presupuesto oficial, por lo que podría representar una ineficiente gestión fiscal.
“Cualquiera de estos proyectos que pueden contratar cada uno de los municipios con pliego tipo, tendrían múltiples oferentes y a la vez competencia”, mencionó, sin embargo, aseveró que estos contratos no se están llevando a cabo con los documentos que establecen los requisitos principales de participación.
En la misma línea, añadió: “Hay una cantidad enorme de entidades que no usan ni Ley 80 ni pliego tipo y para cambiar esto se requiere voluntad política. No es posible que cada que haya una norma le busquen la salida para no utilizarla”.
