Emergencia en cementerios de Bogotá: operador abandona su contrato

Bogotá

En una sorpresiva declaración, el operador público funerario de los cementerios de Bogotá, Jardines de Luz y Paz, anunció su renuncia a continuar prestando el servicio, lo que ha generado preocupación por una posible crisis sanitaria en la ciudad.

El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Juan Carlos López, brindó detalles en La W sobre las medidas que se tomarán para evitar esta situación.

El concesionario Jardines de Luz y Paz tomó la decisión de dejar de prestar el servicio alegando falta de garantías para operar, pero las autoridades señalan que este operador tiene 58 procesos de incumplimiento en su contrato y multas por 2.500 millones de pesos. Además, no ha transferido los recursos públicos que corresponden. La UAESP considera que sus argumentos no son válidos y que está inhabilitando el servicio por su propio comportamiento.

Para atender a los habitantes de calle vulnerables, se mantendrá un convenio con la Secretaría de Integración Social llamado Casa Rosada. Las subvenciones que se destinaban al operador público serán redirigidas a operadores privados y se contratarán servicios funerarios privados para garantizar la continuidad del servicio.

La UAESP asegura que este redireccionamiento de servicios será temporal y que se retomará el control de los cementerios en un tiempo rápido, contratando personal directamente. A pesar de las disputas jurídicas que se avecinan, la prioridad es garantizar un servicio digno para los fallecidos y sus familias.

El operador enfrentará sanciones por su abrupta renuncia, incluyendo la posibilidad de caducar su contrato. La UAESP subraya que la concesión otorgada por el Estado no otorga a los concesionarios libertad total para operar, sino que deben cumplir con las condiciones del contrato.

Este inesperado giro en la situación involucra un contrato que supera los 40.000 millones de pesos, de los cuales el operador ha captado alrededor de 13.000 millones. Estos pagos provienen de particulares que utilizan los servicios funerarios.

La UAESP trabajará en estabilizar la operación con prestación directa mientras se estructura una nueva concesión, un proceso que podría tomar entre 8 y 12 meses.