Los hallazgos fiscales de la Contraloría en cumplimiento de fallo sobre la niñez wayuu

Según informó la Contraloría General de la Nación, la Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial que adelantó a las órdenes contenidas en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional dejó en total 21 hallazgos fiscales por 12.088 millones de pesos, 72 de carácter disciplinario y la solicitud de apertura de Indagación Preliminar por un total de 99.000 millones de pesos sobre 3 contratos suscritos por el Ministerio del Interior, entre otros resultados.

Seguido a esto, el ente de fiscalización recordó que “mediante dicha sentencia de tutela, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuu”.

Así mismo, se dejó claro que, en la Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial con enfoque de cumplimiento, liderada por la Contraloría delegada para la Inclusión Social, se establecieron en total 92 hallazgos administrativos, de los cuales -aparte de los anteriormente reseñados, donde hay 1 con solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio y 8 con Otras Incidencias.

Por su parte, el vicecontralor en funciones de contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, entregó algunas conclusiones, las cuales fueron calificadas como preocupantes, allí expresó:

- Las acciones que reportaron las entidades objeto de revisión tienen que ver con el normal desarrollo de sus actividades misionales, evidenciando que existe una ausencia de destinación de recursos específicos para la atención de lo solicitado en la sentencia T-302 de 2017 durante las vigencias auditadas.

- A pesar de las cuantiosas inversiones realizadas, la CGR evidenció falta de articulación entre las entidades, tanto del orden Nacional, como del orden Territorial y las Comunidades Indígenas.

- Ejemplo de esta desarticulación se ve en atención a los niños Wayuu, en donde la actuación especial de la CGR encontró que las entidades gubernamentales desarrollan sus programas y proyectos, pero no comparten sus resultados ni se comunican debidamente.

- Se pudo comprobar esta desarticulación en un hecho lamentable: de los 265 niños fallecidos reportados por el Ministerio de Salud, en las vigencias auditadas (2019 a 2022), 95 hacían parte de los programas del ICBF y no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición.

En sus declaraciones, Zuluaga, agregó que “esto algo que se ha vuelto común en los procesos de atención a los niños wayuu: las entidades desarrollan sus programas y proyectos y los resultados de los mismos no son compartidos con otras entidades interesadas y que también deben intervenir el proceso de combatir la desnutrición infantil. Nada más un ejemplo, cuando se focaliza un niño por desnutrición en el ICBF esta información no es compartida con las EPS y con el Ministerio de Salud, con el ánimo de procurar esfuerzos mancomunados y poder ayudar al infante en el estado desnutrición a salir de la referida situación y hacer el seguimiento necesario”.

Uno de los casos más preocupantes se encontró en el seguimiento que hizo la Contraloría al sector Salud donde se determinó “un incumplimiento de la meta de casos de muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años de la población Wayuu. La tasa de mortalidad en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure por desnutrición promedio es 61,88 por 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 – 2022; la cual es mayor respecto a lo registrado en el promedio nacional y departamental.

Sin dejar de lado que se encontró incremento de casos (acumulado) por desnutrición (corte a 31 de diciembre de 2022) en la población indígena Wayuu menor de 5 años, reportados en los municipios de Uribia (161), Maicao (76), Riohacha (42) y Manaure (151).