Si fue un error de buena fe hay que corregirlo: Miguel Uribe sobre presupuesto para obras

En los últimos días viene creciendo el debate sobre el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de este año, que fue expedido en diciembre de 2023 y, según expertos, pondría en riesgo la ejecución de obras estratégicas para la Nación.

La mayor preocupación tiene que ver con los recursos para más de 100 proyectos, entre los cuales se encuentra la Primera Línea del Metro de Bogotá, el Metro Ligero para Medellín, el Regiotram y el Túnel del Toyo.

El mencionado decreto estaría abriendo la puerta a cambiar la destinación de recursos que ascienden a los $13 billones los cuales el Congreso aprobó para adelantar las obras y que hoy el Gobierno, por instrucción del propio presidente Gustavo Petro, quiere destinar a otros proyectos, según el nivel de avance y otros criterios.

La W consultó la opinión de dos de los ponentes del presupuesto, uno de oposición y otro de Gobierno, para conocer las implicaciones de la determinación que tomó el Ejecutivo.

Para el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, se deben tomar correctivos rápidamente, pues estaría en riesgo incluso la seguridad jurídica en materia de infraestructura, pues se darían incumplimientos frente a compromisos adquiridos en materia de vigencias futuras que se destinarían para cumplir con las obras.

“Si es de buena fe, se puede corregir rápidamente. Si es de mala fe lo que se genera es una discrecionalidad entonces para pagar de acuerdo a avances y ahí se genera otro riesgo en materia de seguridad jurídica de infraestructura. Se puede corregir, pero el problema de fondo es que las obras deberían tener recursos concretos en el presupuesto”, dijo.

Uribe insistió en que lo que está pasando con este decreto de liquidación no tiene precedente y que por lo tanto el Congreso adelantará el control político a través de un debate que está previsto en la Comisión Tercera del Senado.

“Hay un error y puede ser de buena o mala fe, pero, en cualquier caso, compromete los recursos de una serie de obras fundamentales. Lo que aquí sucedió es que el decreto de liquidación del presupuesto no se hizo con respecto a la Ley Orgánica de Presupuesto que establece que debe hacer un nivel de desagregación que garantice la ordenación del gasto en esos proyectos . Este presupuesto está desfinanciado por decisiones de la Corte y porque el Gobierno hizo cuentas alegres. Es verdad que se ponen en riesgo los grandes debates de infraestructura y por eso he citado un debate de control político”, agregó.

Por su parte, la representante Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde, señaló que el tema se puede corregir con otro decreto.

“El decreto de liquidación 2295 de 2023 tiene todos los componentes que establece el Estatuto Orgánico. Al contrario de lo que dice el senador, quedó desagregado por programas, subprogramas y queda rígida la ejecución del presupuesto. (…) Sí tiene solución y se soluciona haciendo otro decreto porque el que sale incorpora parte del anexo dentro del Decreto y eso hace inflexible algunos movimientos dentro de la ejecución presupuestal. Lo que necesitamos es hacer las correcciones, establecer que los proyectos tienen que tener un nivel de aprobación y ejecución”, indicó.

Finalmente, la congresista pidió abrir el debate sobre las partidas globales, pues considera que se tiene que revisar con detenimiento el criterio de ejecución y las prioridades de los territorios.

“Siempre históricamente han existido partidas globales. Lo que tenemos que cuestionarnos en el Congreso es si deberían existir partidas globales en un presupuesto cuando existen proyectos radicados, otros viabilizados y necesidades prioritarias en las regiones. Tenemos que verificar que efectivamente los proyectos que quedaron priorizados se ejecuten. Los ingresos no están en riesgo. Reconozco que se debe hacer un decreto corrigiendo los yerros y también creo que tenemos que empezar a hacer una discusión abierta sobre cómo se está priorizando”, concluyó.