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“Olmedo López le mintió al país y debe responder”: Secretaría de Transparencia

Los delitos penales identificados en este caso de los carrotanques son: celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y violación a la ley de competencia.

Carrotanques del Gobierno Nacional para llevar agua a varios municipios de La Guajira.

Carrotanques del Gobierno Nacional para llevar agua a varios municipios de La Guajira.

En diálogo con Sigue La W, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, reveló que uno de los hallazgos más preocupantes está relacionado con el proceso contractual en donde evidencia “un entramado de contratistas que combinan personas jurídicas que tiene el mismo objeto, similares actividades económicas, a la misma contadora y tienen los mismos revisores fiscales”.

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El secretario menciona que también investigan al subdirector de Desastres, Sneyder Pinilla, quien es la persona que en enero hizo el anuncio oficial de los carrotanques en La Guajira. “Él tenía a cargo la solicitud de estas cotizaciones, entonces les pidió a 3 empresas; Brand, Luket y a Impoamericana, por ello lo que debe determinar la Fiscalía es si se pusieron de acuerdo para poner estos precios altos”.

¿Quién responde?

Para la Secretaría de Transparencia debe responder Olmedo López porque es el representante legal y ordenador del gasto, la jurisprudencia del Consejo de Estado es clara al fijar las responsabilidades sobre incluso el delegatario del gasto”, señaló.

¿Qué delitos penales incluyó en la denuncia penal?

Idárraga explicó que ha trabajado en 3 bases. En primer lugar, en donde se habrían puesto de acuerdo los tres contratistas, lo que viola el artículo 410 del código penal, “en este caso 3 oferentes se ponen de acuerdo para poner un precio techo para establecer una compra a su favor; en segundo lugar, estamos hablando de una celebración indebida de contrato y un posible peculado por apropiación”.

Añadiendo que “esta empresa no tenía más de 750 millones de pesos en su caja, ¿cómo es que respalda una deuda que supera los 46.000 millones de pesos?”

Sobre los clanes políticos del partido Conservador, revelados por este medio, aclaró que “el presidente Petro no tolera la corrupción y que tiene el deber de denunciar caiga quien caiga. La instrucción del presidente es salir adelante con estas denuncias, no se pueden hacer negocios con las necesidades de los ciudadanos”.

¿Qué más se sabe sobre las empresas?

Sigue La W encontró que hay contratos de 500, 700 y 900 millones de pesos de Impoamericana Roger SAS con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el año 2016. “Vamos a revisar todos esos contratos para saber si sí se cumplió con el objetivo, también estaría relacionada con un contrato de unos territorios de paz.”

Añadiendo que “lo que sí podemos garantizarle a la audiencia es que es una situación a nuestros ojos completamente irregular. Es una llamado a todas las entidades del orden nacional, pero también a los entes territoriales. Es increíble que en este país no se sepa qué fue lo que se contrató, es deber de las entidades publicar en el Secop 2 toda la información para blindar todos los procesos públicos.”

¿Cómo se hizo el pago?

“Estamos muy preocupados por el origen de los fondos, porque efectivamente hubo un cambio en el acuerdo de pago, la proveeduría del contrato establecía entregar el 80% y luego el 20% al momento de la entrega, sin embargo, el 13 de noviembre del 2023 cambian esa modalidad de pago por solicitud del supervisor de Desastres, Sneyder Pinilla, y cambia a un pago contra entrega”, detalló.

“Queremos ver la transacción porque parece que fue un mano a mano sin condiciones de respaldo y con sobrecostos como ustedes mismos en particular lo han denunciado”, agregó.

Por otra parte, el funcionario reveló que no está justificada la intermediación, “dentro de las opciones que tenía Gestión del Riesgo una era a través del valor del mercado y otra a través de las cotizaciones presentadas por las 3 empresas invitadas. Decidieron quedarse con las tres cotizaciones amarradas para establecer un precio más alto, donde a los ojos de todo el mundo era una intermediación.”

¿Hubo sobrecostos?

Sobre este punto, el funcionario señaló que “asumimos que hay sobrecostos por el solo hecho de haber encontrado esa red de contratistas, lo que si presumimos penalmente es que hay un sobrecosto por esa manguala que hay para establecer esas cotizaciones”.

“Deseo que Olmedo primero tenga todas las garantías para defenderse, pero para el bien de la ciudadanía, es importante que pueda responderles. Hubo un descuido del ordenador del gasto, si hubo vigilancia las autoridades deberán definirlo”, puntualizó.

¿Olmedo López le mintió al país?

Por último, comentó que “yo creo que sí, mi opinión es que sí, pero aquí no valen las opiniones, aquí valen las pruebas, y yo considero que esa posible aplicación diferente de los recursos públicos tiene que ver con una responsabilidad completa de todos los ordenadores del gasto, si tomamos en cuenta las declaraciones del director están en contravía de lo que la Secretaría encontró, por eso hemos tenido la responsabilidad de la manera más sería. Es la primera vez que, en el marco de mis competencias, radico una denuncia penal directamente contra el señor Olmedo López y los otros funcionarios”.

Todos los detalles a continuación:

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