Ciudades

Concejales de Tuluá interponen tutela contra UNP y MinJusticia por falta de protección

La gobernadora del Valle persiste en su reclamo a la UNP por no llevar a cabo los estudios necesarios para garantizar la seguridad de la población en riesgo.

La situación ha alcanzado un punto crítico tras los asesinatos de dos concejales y una lideresa cívica vinculada a la Alcaldía de Tuluá. Foto: Colpresa.

La situación ha alcanzado un punto crítico tras los asesinatos de dos concejales y una lideresa cívica vinculada a la Alcaldía de Tuluá. Foto: Colpresa.

Tuluá

En una medida desesperada por resguardar sus vidas ante las amenazas de bandas delincuenciales, los concejales de Tuluá a través de la Defensoría del Pueblo han interpuesto una acción de tutela contra el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP), argumentando la ausencia de medidas de protección efectivas.

La decisión de recurrir a esta medida legal radica en la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios públicos, quienes han sido blanco de actos violentos en lo corrido del año.

Durante un tenso intercambio de opiniones, la UNP ha afirmado que la responsabilidad por la seguridad de los funcionarios no recae exclusivamente en su competencia y manifestó que los primeros responsables en materia de prevención, seguridad y protección son las gobernaciones y las alcaldías, con el apoyo de los ministerios de Defensa y de Interior.

Sin embargo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha reforzado sus reclamos, destacando la falta de avances en los estudios de seguridad llevados a cabo por la Unidad a pesar de solicitarlos desde enero del presente año.

La situación ha alcanzado un punto crítico tras los asesinatos de dos concejales y una lideresa cívica vinculada a la Alcaldía de Tuluá. Estos eventos han obligado a los cabildantes a sesionar de manera virtual, temerosos por su seguridad incluso en el recinto del concejo.

La persistente falta de medidas ha generado serias preocupaciones, llegando incluso a la intervención de la Procuraduría General, que ha alertado sobre el riesgo inminente que enfrentan los servidores públicos.

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