Gobernación del Valle señala fallas de la UNP en protección de funcionarios y concejales
La disputa entre las partes se centra en determinar quién tiene la responsabilidad sobre la seguridad de las personas en riesgo.
Cali
La Gobernación del Valle del Cauca insiste en que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no está cumpliendo adecuadamente con su deber para garantizar la seguridad de los funcionarios y concejales amenazados en la región, especialmente en Tuluá y Jamundí. Estos señalamientos surgen en medio de las disputas entre ambas partes respecto a quién recae esa responsabilidad.
En una carta dirigida al director Augusto Rodríguez Ballesteros, la secretaria de Seguridad, Ana María Sanclemente, ha destacado que, a pesar de los esfuerzos conjuntos con las alcaldías, incluyendo la implementación de rutas y un plan de seguridad en colaboración con la policía, la competencia principal sigue siendo de la UNP.
En el documento, se enfatiza que la entidad aún no ha cumplido satisfactoriamente con los procesos necesarios, como los estudios de riesgo individual, la asignación de vehículos, chalecos blindados y personal de protección.
El gobierno departamental ha hecho especial hincapié en los recientes asesinatos de cuatro funcionarios públicos, incluyendo a tres concejales y a una líder cívica vinculada a la alcaldía de Tuluá.
Además, ha adjuntado a la carta, una acción de tutela presentada por los concejales de Tuluá en busca de protección para sus vidas, junto con la alerta emitida por la Procuraduría, subrayando la urgencia de la situación.