Corte ordenó tomar medidas para proteger a firmantes de paz en Espacios de Reincorporación
La Corte Constitucional decretó varias acciones para atender “integralmente” las amenazas que quienes fueron parte de las extintas Farc han recibido constantemente.
Corte Constitucional / Foto: Colprensa
Tras constatar los riesgos “inminentes, extraordinarios y extremos” que enfrentan las personas que firmaron la paz en 2016, especialmente con el aumento evidenciado entre el 23 de agosto de 2023 y el 19 de julio de 2024, la Sala encargada de vigilar el estado de cosas inconstitucional frente a excombatientes ordenó adoptar medidas de seguridad.
La Sala de Seguimiento registró “con enorme preocupación” la amplia victimización que azota a quienes habitan en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) en el sur del país, principalmente en Miravalle, un poblado de San Vicente del Caguán, Caquetá, que fue intimidada por las disidencias de las Farc.
“Esta comunidad de firmantes del Acuerdo actualmente está al borde de abandonar su territorio y, con ello, sus proyectos productivos, sus opciones y planes de vida, los espacios de memoria que han trabajado por rescatar y sus formas de sustento tras la entrega de las armas y la firma de la paz”, remarcó la Corte a través de un auto.
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Los crímenes contra las comunidades de Miravalle y de otros territorios afectados “ya han sido registrados y remitidos a los órganos competentes”, agregó el alto tribunal, que señaló que entre los delitos perpetrados en contra de firmantes se encuentran amenazas, homicidios y atentados. Los testimonios “revelan daños consumados”.
Por los hostigamientos documentados, la Corte les recordó a los ministerios de Defensas y del Interior, así como al Comando General de las Fuerzas Militares, que al sector defensa le corresponde “conservar el orden público en todo el territorio nacional y restablecerlo en aquellos lugares donde se haya visto alterado”.
En ese sentido, la búsqueda de negociaciones o acuerdos de paz “no puede eximir al Estado de cumplir con el deber de proteger la vida y la seguridad de las personas”. El Ministerio de Defensa deberá informar sobre los dispositivos de seguridad de la Fuerza Pública en los espacios de reincorporación de diecinueve departamentos.
Asimismo, el Ministerio del Interior tendrá que remitir un informe sobre las medidas para prevenir los hechos victimizantes contra la población firmante. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, por su parte, tendrá que tomar “las medidas necesarias” para impulsar la investigación y la judicialización de las personas y estructuras responsables.
Otty Patiño, el consejero comisionado de paz, recibió la orden de detallar los protocolos de seguridad que se hayan discutido en las actuales mesas de diálogo —con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central— para resguardar a firmantes de paz. Por último, la UNP debe reevaluar el riesgo de los AETCR.
