Alcaldía no descarta usar fuerza pública ante vías de hecho del contratista de cementerios

Bogotá

En una reciente rueda de prensa, el asesor externo de la Alcaldía, Juan Pablo Estrada Sánchez, abordó la compleja situación que enfrenta la operación de los cementerios distritales, resaltando el impacto de las acciones del contratista encargado. La falta de un funcionario público presente se debe a un conjunto de recusaciones interpuestas por el contratista, incluida una contra el alcalde, Carlos Fernando Galán. Esta situación ha generado un vacío en la comunicación oficial, lo que ha llevado a la Alcaldía a adoptar medidas para resolver el conflicto.

Durante la rueda de prensa, Estrada explicó que el contrato 415 de 2021, que regula la operación de los cementerios, presenta “serias dificultades” desde su adjudicación, actualmente bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación. “Hemos documentado 86 incumplimientos del contratista”, indicó, subrayando que estos problemas han resultado en sanciones y multas, así como en un eventual estado de inhabilidad del contratista para continuar con sus funciones.

La Alcaldía está tomando medidas para garantizar la continuidad de los servicios en los cementerios. Estrada mencionó que se han implementado planes de contingencia, que incluyen la posibilidad de utilizar cementerios privados para asegurar que la ciudadanía no se vea afectada. “No hay riesgo en la prestación del servicio, estamos preparados para cualquier eventualidad”, afirmó.

Sin embargo, la situación se agrava a medida que el contratista ha adoptado “vías de hecho” al intentar retirar al personal de la interventoría y obstaculizar el acceso a los cementerios. Esto ha llevado a la Alcaldía a considerar el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y asegurar la operación de los cementerios.

La próxima fecha clave es el 26 de septiembre, cuando el contratista debe decidir si cede el contrato o renuncia a su ejecución, bajo advertencia de que, de no hacerlo, se enfrentarán a consecuencias legales adicionales. “La administración se compromete a actuar conforme a la ley para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el servicio”, concluyó Estrada.