Defensoría del Pueblo lanza alerta inminente por escalada de violencia en el sur del Valle del Cauca
En Pradera y Florida, sur del Valle del Cauca, se encienden las alarmas por la disputa territorial entre grupos disidentes, mientras la Defensoría del Pueblo emite una alerta temprana para proteger a las comunidades.
Defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto Cortesía
La Defensoría del Pueblo lanzó la Alerta Temprana No. 02 de 2025 para advertir sobre el incremento del riesgo de vulneración y violación de derechos humanos en los cascos urbanos y las zonas rurales de Pradera y Florida, en el sur del Valle del Cauca.
El documento señala la presencia y expansión de dos actores armados: las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el frente 57 ‘Yair Bermúdez’ del Estado Mayor de frentes y bloques de las disidencias de las FARC, cuyas disputas generan preocupación entre las comunidades.
De acuerdo con el informe, la confrontación armada ha propiciado un ambiente de inseguridad que afecta directamente a pobladores, líderes sociales, agricultores y comerciantes de la región.
El ente defensor alerta que el recrudecimiento de las acciones ilegales podría derivar en más amenazas, desplazamientos forzados y posibles restricciones a la movilidad en zonas clave de los dos municipios.
“Existe un alto riesgo de que continúen las violaciones a derechos fundamentales de las poblaciones civiles, especialmente en contextos rurales, donde la capacidad de respuesta institucional enfrenta desafíos significativos”, señala la Defensoría del Pueblo en uno de los apartados de la alerta.
Asimismo, se hace un llamado a las autoridades competentes para tomar medidas orientadas a garantizar la protección de la integridad y los derechos de la comunidad.
Según datos preliminares mencionados en la Alerta Temprana, las disputas territoriales se agudizan por el interés en corredores estratégicos para el movimiento de personas y mercancías.
La presencia de estos grupos armados también amenaza la tranquilidad de veredas y corregimientos, donde, según el documento, se han registrado casos de intimidación contra líderes comunales y limitaciones para el desarrollo de actividades cotidianas.
La Defensoría insiste en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y protección, con el fin de minimizar el impacto humanitario.
