Confinamiento masivo en Guaviare: más de 10.000 personas afectadas por control de grupos armados

Una crisis humanitaria se vive en San José del Guaviare, donde más de 10.000 personas permanecen confinadas por la presencia de grupos armados ilegales, según denunciaron el alcalde del municipio, Willy Alejandro Rodríguez, y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

El mandatario local agradeció el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y advirtió que la situación de seguridad sigue siendo crítica en zonas como el corregimiento de Charras y Boquerón, donde los habitantes continúan bajo confinamiento. “Seguimos en confinamiento más de 10.000 personas, que hoy tienen el apoyo y el respaldo de la Defensoría Nacional, pero sobre todo de aquellos que queremos articular un mecanismo… vamos a buscar también la presencia del Gobierno Nacional”, expresó Rodríguez.

Por su parte, la defensora Iris Marín calificó la situación como “sumamente dramática” y recordó que esta se encuentra dentro del marco de la Alerta Temprana 001 de 2025, que incluye a siete departamentos. La funcionaria detalló que, además de los confinamientos, hay afectaciones en el acceso a salud, educación y movilidad, debido al cierre de vías impuesto por grupos armados ilegales.

“Estos hechos consuman los riesgos que se habían venido alertando”, afirmó Marín, al referirse al oficio de consumación de la alerta temprana emitido por la Defensoría. La funcionaria confirmó que el Ministerio del Interior convocará una sesión de la CIPRAD (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas) y propuso que esta se realice en el mismo San José del Guaviare. “Me comprometo a participar en esta reunión… para tomar medidas urgentes que permitan proteger los derechos de más de 10 mil personas que se encuentran afectadas en este momento”, dijo.

Tanto la alcaldía como la Defensoría coincidieron en la necesidad de una respuesta urgente por parte del Gobierno Nacional y de todas las autoridades competentes para atender la crisis de orden público y garantizar los derechos de la población civil en la región.

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