Procuraduría abre indagación por millonario contrato para cámaras en Bogotá: apenas 25% instaladas

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bogotá al detectar presuntas graves irregularidades y demoras en el contrato de 200 cámaras de vigilancia con reconocimiento de placas (LPR), firmado en 2023 y valorado en 14.300 millones de pesos.

Hace dos años se firmó el contrato y apenas 25% de las cámaras han sido instaladas: Procuraduría abre investigación

El Ministerio Público determinó dar comienzo a la acción disciplinaria al revisar los índices de ejecución del contrato, y conocer que, aunque hace dos años se firmó el contrato, apenas el 25% de las cámaras contratadas han sido instaladas (50).

Pero, además, la Procuraduría también encendió las alarmas por cuenta de la interventoría al contrato; lo anterior puesto que desde 2024 fue culminada y la vigilancia al convenio fue asumida directamente por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, asunto que para el Ministerio Público resulta poco “claro”.

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¿Cuáles fueron las irregularidades que se identificaron en el contrato para la instalación de cámaras en Bogotá?

Asimismo, al revisar los pormenores del negocio, el ente de control también encontró que el mismo registra graves falencias en la planeación, ejecución y supervisión evidenciando especialmente desfases entre avances físicos reportados y el uso de recursos, y una aparente gestión “inoperante” que podría significar pérdida de recursos públicos.

De hecho, la Procuraduría señaló su preocupación por las tres prórrogas y tres suspensiones del contrato con “justificaciones” repetidas y sin adición presupuestal que reflejan “una ejecución inestable y falta de control”.

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Así entonces, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas, entre ellas una inspección a la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.