Industria eléctrica en Colombia: seguridad energética vs. sostenibilidad
La transición energética, además de la demanda creciente, impone un dilema al país: usar todos los recursos para brindar seguridad y cubrir parte de la oferta mundial o mantener el rumbo con un alto riesgo de un apagón.
El sector energético colombiano pasa por una crisis dada la creciente demanda; expertos hablan sobre el tema. | Foto: W Radio
Durante el encuentro Los Grandes Desafíos del Sector en Colombia, presentado por Prisa Media y realizado en Bogotá, se abrió un espacio de discusión sobre las medidas necesarias para enfrentar la creciente demanda energética a nivel global.
Seguridad de inversión y regulación institucional
Durante el panel, todos los precandidatos concordaron con la necesidad de garantizar el servicio a todo el país. Sin este no hay vía para el desarrollo. |Foto: W Radio
Los precandidatos presidenciales que participaron en el encuentro expusieron, desde sus visiones, los desafíos y oportunidades del sector. Para ellos, es fundamental garantizar condiciones de confiabilidad para la inversión empresarial, asegurar la calidad de vida de la ciudadanía y fortalecer las regulaciones y políticas públicas.
La primera intervención fue la de la senadora Paloma Valencia, quien planteó la necesidad de aprovechar todas las tecnologías disponibles en los territorios, acompañadas de brigadas de acción rápida que garanticen seguridad. “Deberíamos proponernos como país generar todos los incentivos de mercado para que exista un verdadero desarrollo energético”, afirmó.
Durante el debate, la mayoría de precandidatos coincidieron en que la inversión extranjera —particularmente en modelos como el neoshoring— no será viable sin generar confianza desde la infraestructura y la gestión territorial.
En esta misma línea, Mauricio Lizcano advirtió que es difícil evitar un racionamiento energético a nivel nacional. Según él, “la única opción que nos queda en Colombia es abrir una subasta por gas a corto plazo con cargo por confiabilidad”, lo que implicaría considerar nuevamente actividades como el fracking. También mencionó la posibilidad de reconectar el gasoducto con Venezuela, señalando que “está acabado, pero sería la solución para conseguir gas barato”.
Por su parte, Felipe Córdoba destacó el potencial de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) y la urgencia de poner en funcionamiento las turbinas restantes de Hidroituango. “Necesitamos revertir el problema de las consultas previas”, afirmó.
Este mecanismo de participación, según varios precandidatos, ha retrasado al menos 25 megaproyectos de transición energética. Mauricio Cárdenas cuestionó su impacto: “Esto nos está generando muchos problemas. Hay que traducirlo en cifras y definir desde el principio cuál compensación es aceptable; pero la posición inicial debe ser denunciar la convención”.
Contraponiéndose a esta visión, Clara López defendió la consulta previa como un “contrapeso necesario frente al poder de las grandes empresas del sector”, recordando que ya existen 169 procesos aprobados por el Congreso.
Asimismo, llamó la atención sobre el millón y medio de habitantes que aún no cuentan con servicio eléctrico y pidió una revisión histórica del modelo: “Es algo que no puede cargarse solo a los últimos tres años; viene desde las leyes 142 y 143 de 1994. El modelo actual no es capaz de evitar un apagón”.
Tarifas energéticas: la repercusión más importante para la ciudadanía
Para los legisladores, aunque con diferencias, la prioridad del país debe ser brindar garantías de calidad de vida comenzando por la electricidad. | Foto: W Radio
En la parte final del encuentro, candidatos a la Cámara discutieron los proyectos de ley en curso relacionados con el sector energético, entre ellos el proyecto 432 de 2025, actualmente en la Comisión Quinta.
La representante Julia Miranda destacó la responsabilidad del Congreso para comprender a fondo qué está funcionando bien en el sector y qué corresponde realmente modificar desde el legislativo.
Además, advirtió que, ante la subasta de energía firme prevista para 2026 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), es indispensable ofrecer seguridad jurídica a los empresarios frente al alto crecimiento de la demanda energética.
Por su parte, el representante Andrés Forero señaló fallas en el trámite del proyecto de ley, argumentando que debería “ser discutido en la Comisión Sexta” por tratarse de un “asunto tarifario estrictamente relacionado con la energía”.
Como contraparte, la senadora Esmeralda Hernández enfatizó que “la estructura de la matriz energética no puede limitarse a un proceso mercantil; se trata de una necesidad básica que debe garantizarse en todo el territorio”.
A pesar de sus diferencias, los legisladores coincidieron en un punto central: la regulación del servicio no puede concentrarse en un solo ente, ya que esto podría abrir la puerta a monopolios perjudiciales para la ciudadanía.