Procuraduría pidió que Nicolás Petro no sea enviado a cárcel por caso de presunta corrupción en Focoso

La Procuraduría General de la Nación le pidió al juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla que no imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, procesado por su presunta participación en hechos de corrupción contractual a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico.

En ese sentido, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, le pidió al juez que no envíe a Petro de manera preventiva a la cárcel de Barranquilla, como lo pidió la Fiscalía General de la Nación.

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El procurador Bustos le solicitó al juez que no imponga ninguna medida de aseguramiento contra Petro Burgos. 

Dijo que el hijo mayor del jefe de Estado no representa ningún peligro para la comunidad ni tampoco significa que se seguirá incurriendo en conductas delictivas. 

“Desde la perspectiva del Ministerio Público, por supuesto que la decisión que correspondería y que le solicito a usted que tome es que no se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Nicolás Fernando Petro, porque su libertad no representa ni un peligro para la comunidad en la modalidad de posibilidad de reiteración delictiva, no se observa tampoco que con la misma pueda obstruir la acción de la justicia y mucho menos tampoco que pueda evadirse del proceso y del eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado”, señaló el representante del Ministerio Público. 

“No hay ningún elemento probatorio que demuestre que Nicolás Petro podría cometer otros delitos al quedar en libertad”, señaló la Procuraduría 

El procurador argumentó que la Fiscalía General de la Nación, en la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, no demostró que Petro pudiera seguir cometiendo delitos al quedar en libertad. 

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“Considerando que su libertad puede permitir o puede facilitar la comisión de otros delitos y que tomar esa medida es urgente cuando no se tiene conocimiento de algún elemento probatorio, de alguna situación fáctica que nos diga, mire, si no se toma esa medida en este momento, si usted señor juez no priva de la libertad Nicolás Fernando Petro muy seguramente, muy probablemente Nicolás Petro continuará desarrollando su actividad delictiva, ¿cuál es ese elemento? no hay ninguno señor juez no hay ningún elemento que nos diga que después de esa primera imputación que se realizó y de la cual se derivó está en los términos en los que ya se ha mencionado el señor Nicolás Petro haya realizado algún comportamiento delictivo, haya al menos propuesto, haya planificado, se haya propuesto realizar ninguno”, afirmó Bustos.  

Investigación 

Nicolás Petro está siendo investigado por los delitos de Petro Burgos; no aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

“Los delitos se enmarcan en lo que denominaremos el caso ‘FUCOSO’. Así, con relación a estos hechos jurídicamente relevantes, se le imputa por el concurso heterogéneo, homogéneo y sucesivo de las siguientes conductas punibles: el interés indebido en la celebración de contratos a título de coautor interviniente, peculado por apropiación a favor de terceros a título de coautor interviniente, tráfico de influencias a título de autor interviniente”, dijo la fiscal Lucy Laborde.

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Al caso fueron vinculados funcionarios de la Gobernación del Atlántico, el representante legal de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO) y la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, por la supuesta apropiación de millonarios recursos públicos.

“Este acuerdo corrupto consistente entre ustedes consistía en una serie de contratos en la Gobernación del Atlántico, a favor de la Fundación ‘FUCOSO’, con el propósito de apropiarse de recursos del ente departamental; entre tanto, una gran parte de estos no eran usados para el objeto contractual que fue creado, sino para repartirse ilícitamente entre ustedes”, indicó la representante del ente investigador.

Los nuevos cargos que se adicionan al proceso del exdiputado del Atlántico son los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

Los recursos de los contratos habrían sido “canalizados” a través de dinero en efectivo y cheques, que eran entregados en viviendas y lugares privados, para, según la Fiscalía, “evitar su trazabilidad”.