Juez se negó a enviar a prisión a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro por caso Fucoso

El juez 14 penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla negó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imponer una medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro.

Esto, en medio de la investigación que se adelanta por su presunta participación en hechos de corrupción contractual, a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico.

El juez argumentó que la Fiscalía su hipótesis sobre el inminente riesgo y la posibilidad de utilizar los medios del jefe de Estado para evadir a la justicia.

“No consideramos razonable y probada esta inferencia de peligro de fuga”, dijo el juez.

También señaló que ese argumento carece de actualidad y urgencia: “Su único sustento probatorio es de hace tres años, luego de los cuales ha estado en la posibilidad de huir del país, siendo su papá presidente, y no lo ha hecho (…)”.

El juez agregó que “es muy difícil acreditar un riesgo actual con un soporte probatorio e inferencial de hace tanto tiempo, sin que dicho riesgo se haya concretado o intentado concretar”.

También destacó que Petro Burgos ha asistido a todas las audiencias a las que se le ha convocado dentro del proceso que se adelanta en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo que, según él, demuestra la buena voluntad de comparecer y no esconderse de la justicia, como lo expuso la fiscal Lucy Laborde.

“El señor Nicolás Petro, desde que quedó en libertad por el proceso matriz, habría tenido la oportunidad de salir del país por vías no legales y no lo ha hecho ni lo ha intentado hacer. Todo lo contrario, ha asistido a todas las audiencias a las cuales se viene convocando en este y en el otro proceso, de acuerdo con las acreditaciones que se han presentado. Por tanto, no se observa el riesgo o peligro”, afirmó.

• Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo

Dijo también que, aunque Petro Burgos tenga la posibilidad de fugarse utilizando mecanismos legales o irregulares, ese solo planteamiento no es suficiente para privarlo de la libertad.

Tanto la defensa como la Fiscalía le pidieron al juez que se abstuviera de enviar a prisión de manera preventiva a Petro, pues no había méritos suficientes para dicha privación.

El delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, dijo que el hijo mayor del jefe de Estado no representa ningún peligro para la comunidad ni tampoco significa que se seguirá incurriendo en conductas delictivas.

“Desde la perspectiva del Ministerio Público, por supuesto que la decisión que correspondería y que le solicito a usted que tome es que no se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Nicolás Fernando Petro, porque su libertad no representa ni un peligro para la comunidad en la modalidad de posibilidad de reiteración delictiva; no se observa tampoco que con la misma pueda obstruir la acción de la justicia y mucho menos que pueda evadirse del proceso y del eventual cumplimiento de una pena, en caso de ser condenado”, señaló el representante del Ministerio Público.

“No hay ningún elemento probatorio que demuestre que Nicolás Petro podría cometer otros delitos al quedar en libertad”, señaló la Procuraduría.

El procurador argumentó que la Fiscalía General de la Nación, en la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, no demostró que Petro pudiera seguir cometiendo delitos al quedar en libertad.

“Considerar que su libertad puede permitir o facilitar la comisión de otros delitos y que tomar esa medida es urgente, cuando no se tiene conocimiento de algún elemento probatorio o de alguna situación fáctica que nos diga: ‘mire, si no se toma esa medida en este momento, si usted, señor juez, no priva de la libertad a Nicolás Fernando Petro, muy seguramente, muy probablemente, Nicolás Petro continuará desarrollando su actividad delictiva’, ¿cuál es ese elemento? No hay ninguno, señor juez. No hay ningún elemento que nos diga que, después de esa primera imputación que se realizó y de la cual se derivó —en los términos que ya se han mencionado—, el señor Nicolás Petro haya realizado algún comportamiento delictivo, haya al menos propuesto o planificado realizar alguno”, afirmó Bustos.

Investigación

Nicolás Petro Burgos no aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

“Los delitos se enmarcan en lo que denominaremos el caso ‘FUCOSO’. Así, con relación a estos hechos jurídicamente relevantes, se le imputa por el concurso heterogéneo, homogéneo y sucesivo de las siguientes conductas punibles: interés indebido en la celebración de contratos, a título de coautor interviniente; peculado por apropiación a favor de terceros, a título de coautor interviniente; y tráfico de influencias, a título de autor interviniente”, dijo la fiscal Lucy Laborde.

Al caso fueron vinculados funcionarios de la Gobernación del Atlántico, el representante legal de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO) y la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, por la supuesta apropiación de millonarios recursos públicos.

“Este acuerdo corrupto, consistente entre ustedes, consistía en una serie de contratos en la Gobernación del Atlántico a favor de la Fundación ‘FUCOSO’, con el propósito de apropiarse de recursos del ente departamental; entre tanto, una gran parte de estos no era usada para el objeto contractual para el que fue creada, sino para repartirse ilícitamente entre ustedes”, indicó la representante del ente investigador.

Los nuevos cargos que se adicionan al proceso del exdiputado del Atlántico son los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

Los recursos de los contratos habrían sido “canalizados” a través de dinero en efectivo y cheques, que eran entregados en viviendas y lugares privados para, según la Fiscalía, “evitar su trazabilidad”.

Escuche W Radio en vivo: