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Cultivos de coca en territorios ancestrales indígenas

Un experto en economía criminal explicó las implicaciones de la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de erradicación forzada.

“No creo que vaya aspersión aérea (de cultivos ilícitos), este Gobierno está muy lejos de cumplirlo porque buena parte de las tareas no se han adelantado”: Daniel Rico. Foto: Getty Images / RAÚL ARBOLEDA

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  • Por: Violeta Mejía

Soldados del Ejército fueron retenidos en un cabildo indígena mientras desarrollaban una operación militar. El sargento se presentó ante el líder del cabildo y le explicó que estaban en mitad de una operación contra el ELN. Los indígenas los rodearon y amarraron, lo cual, según el Ejército, constituyó un secuestro ya que "no hay ninguna norma que le permita a la guardia indígena retener personas y menos soldados en cumplimiento de una orden legítima". 

En diálogo con la W Radio, Daniel Rico, director de C- Análisis y economista experto en economías criminales se refirió a la presencia de cultivos de coca en resguardos indígenas y laboratorios de coca en consejos comunitarios. Rico desmintió que el Acuerdo de Paz firmado en La Habana haya vetado territorios para la Fuerza Pública sino que se deben llevarse a cabo procesos que respeten los territorios ancestrales. A su juicio, es un problema acumulado de varios gobiernos que no ha sido fácil de controlar. 

A su juicio, "no tiene ningún sentido que estemos utilizando a los soldados de Colombia para ir a erradicar matas (...) Se utiliza a la fuerza pública que debería estar combatiendo a las grandes organizaciones criminales, haciendo control de insumos y precursores, desmantelando laboratorios y realmente operaciones estratégicas en profundidad".

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Afirmó que la razón por la cual el gobierno y comunidades indígenas no han establecido acuerdos sobre la presencia de cultivos ilícitos en sus territorios y la posibilidad de erradicarlos mediante consultas previas, es por falta recursos pero además, falta de liderazgo de gestión del estado. Según Rico, "como no se ordena el proceso, como no quedan definidos los responsables, es un problema que se va aplazando y se va agrandado y suceden condiciones como la del día de hoy en que llega una fuerza publica sin mandato claro (...) a hacer una labor que no le corresponde". 

A su juicio, volver a la aspersión por glifosato no va a suceder ya que el gobierno está lejos de cumplir los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para su reactivación. Incluso, en una columna de opinión se dirigió al ministro de Defensa, le apostó su sueldo y afirmó que la aspersión no se reactivaría en la fecha establecida por el gobierno. 

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